Lo que Iglesias esconde en sus carteras: más impuestos, pensiones 'mileuristas' y menos horas de trabajo

El líder de Podemos defiende una batería de medidas que podría llevar a cabo si se hace con las pretendidas carteras de Hacienda o Trabajo

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El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desveló este jueves a la Ejecutiva de su partido que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le pidió una vicepresidencia y controlar otras cinco áreas temáticas o departamentos en un futuro gobierno de coalición. Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, Comunicación y Medio Ambiente son las áreas que solicitó Iglesias para darle el "sí" a su investidura.  Sánchez ya adelantó en LaSexta que "no se dan las condiciones" para que Iglesias se integre en el Gobierno, puesto que no se puede "permitir el lujo de tener un vicepresidente" que lo único que haga ante una crisis en cuestiones de Estado, como la crisis catalana, sea "mirar para otro lado o silenciar".

Lo cierto es que si Sánchez aceptara las exigencias de Iglesias, áreas fundamentales como Hacienda, Trabajo o Seguridad Social quedarían en manos de la extrema izquierda.  El Ministerio de Hacienda es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos y de empresas públicas, además del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. Igualmente es competencia de este Ministerio la aplicación y gestión de los sistemas de financiación autonómica y local y la provisión de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas. Para Iglesias, esta cartera es clave para establecer su denominada "justicia fiscal". De hecho, Iglesias ya adelantó en mayo que exigiría a Sánchez el impuesto a la banca con un recargo del 10% en el Impuesto de Sociedades, una subida del IRPF para las rentas por encima de 100.000 euros, una bajada del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para PYMES que facturen menos de 1 millón, la creación de un Impuesto Digital sobre grandes empresas tecnológicas como Google o Amazon o la reducción del IVA a productos de primera necesidad (alimentos, higiene femenina, calefacción, gas, electricidad). 

Iglesias también quiere hacerse con la cartera de Trabajo para acabar con la temporalidad laboral. Su idea es plantear un nuevo marco que transforme la mayoría de contratos en indefinidos y que la temporalidad máxima sea de seis meses. Además quiere que los españoles trabajen menos horas, pasando de 40 a 34 horas semanales "puesto que contribuiría al reparto de empleo". Pese a conseguirse en julio el récord histórico de ocupación, España sigue manteniendo el segundo dato de paro más alto de la eurozona. El número total de personas desempleadas está ahora mismo en 3.015.686 personas. Un 13,8% de tasa de paro, solo por detrás del 18,5% de Grecia. 

Con respecto a la Seguridad Social, el Tribunal de Cuentas certificó hace sólo un mes que está en quiebra tras perder 100.000 millones desde 2010. Las últimas cuentas, con fecha de 2017, arrojaban un patrimonio neto negativo de 13.720 millones de euros. Solo las pensiones se llevan el 75% del gasto social del Estado, y, si se tienen en cuenta también las prestaciones por desempleo, el porcentaje asciende al 80%. Iglesias ha prometido acabar con el factor de sostenibilidad, derogar la reforma de 2013 y garantizará la suficiencia de las pensiones. Esto pasa, según sus cálculos, por impedir que no haya pensiones contributivas inferiores a 1.000 euros ni no contributivas de menos de 600 euros. 

El medio ambiente es otra de las cuestiones capitales para Podemos. El partido incluyó en su programa reducir la producción electrica basada en combustibles fósiles a la mitad en una decada y alcanzar el 100% producción de energías renovables en 2040. Además, se marcaron como objetibo reducir un 50% en 2030 y del 90% en 2040 respecto a las emisiones actuales. La puesta en marcha de estas medidas requeririría de una movilización sin precedentes de todas las energías productivas e intelectuales mediante una inversión público-privada anual en el entorno del 2,5% del PIB español. 

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