La aerolínea Plus Ultra y su polémico rescate por parte del Gobierno siguen en el ojo del huracán mediático. De hecho, el Congreso de los Diputados debatirá si crea una comisión de investigación sobre el rescate de la compañía. Lo hará después de que este martes la Mesa de la Cámara Baja haya admitido a trámite la propuesta presentada por el Partido Popular, que a su vez debe obtener el visto bueno de la Junta de Portavoces y el Pleno. Se espera que no prospere, ya que lo más evidente es que el PSOE y sus socios, con mayoría en este órgano, la vayan a tumbar.

La petición de comisión pretende investigar si las ayudas concedidas a Plus Ultra cumplen todos los requisitos pertinentes y legales. Son varios los puntos que se tienen que aclarar en todo este asunto. El primero es si fue lícito el rescate de la aerolínea por valor de 53 millones de euros de dinero público. Se hizo a través del reparto de ayudas estatales ante la pandemia, pero solo para actividades viables y estratégicas, unos requisitos que no cumple ni de lejos Plus Ultra, pero así lo justificó el Ejecutivo. La actividad de dicha aerolínea es marginal: representó tan solo el 0,03 por ciento del tráfico aéreo en España en el año 2019.

El segundo punto hay que fijarlo en por qué no se ha hecho con otras compañías aéreas de mayor calado y tráfico en nuestro país. O por qué se le concedió a esta aerolínea una ayuda directa que le fue denegada por entidades financieras. El ministerio de Hacienda aseguraba que la compañía empleaba a 345 trabajadores directos, y que los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad eran superiores a los 2.500 empleos. Sin embargo, en las cuentas de 2019 la empresa declaraba una media de 268 trabajadores a lo largo del ejercicio.

Plus Ultra cuenta en la actualidad con un único avión y solo ha realizado dos operaciones en lo que llevamos de año. Por otro lado, el 47 por ciento del capital de la empresa está en manos venezolanas y tiene conexiones con el régimen de Nicolás Maduro. Hay incluso socios de esta empresa que están siendo investigados en Estados Unidos por blanqueo de capitales.

La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido en rueda de prensa el apoyo del resto de grupos para investigar una operación que, a su juicio, tiene más de "vínculo" entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el del venezolano Nicolás Maduro, que de "estratégica" para España.

La propuesta de comisión de investigación reclamada por el PP se tratará en la Junta de Portavoces de la próxima semana. Considera el PP que el rescate de esta aerolínea con una ayuda de 53 millones de euros ha sido opaca y arbitraria, porque la compañía no es estratégica.

También el diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha criticado esta operación y ha preguntado por qué el Gobierno "promociona vuelos de una compañía que tiene consejeros residentes en paraísos fiscales y algunos investigados por blanqueo", además de señalar que esta aerolínea sea la única autorizada por el "régimen dictatorial" de Maduro.

El rescate de esta aerolínea ha sido rechazado también por Vox, que interpuso una querella ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, posible fraude fiscal y entramado societario fraudulento.