El PSOE y Unidas Podemos han dado un golpe de efecto este viernes con una reforma legal para desarmar la estrategia de bloqueo del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial que impide la renovación del Tribunal Constitucional y acabar, según el Gobierno de coalición, con el secuestro de la instituciones del PP. A su vez los populares ven en esta medida un asalto de Pedro Sánchez al TC.

El Gobierno enmienda la reforma del Código Penal para cambiar la mayoría necesaria de tres quintos en el CGPJ para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. También tocan la ley para que el Alto Tribunal admita ya a Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados. Lo que terminaría por consolidar la mayoría progresista en el Constitucional que quedaría perfilada, a pesar de lo que dice la propia Constitución.

La enmienda introducida por PSOE y Podemos para cambiar el proceso de elección de los dos candidatos al Constitucional que compete realizar al Consejo General del Poder Judicial cuando no se haga en plazo ha agravado las divisiones ya existentes en los sectores conservador y progresista de ambas instituciones. Mientras que los primeros lo ven como una forma de presión, para los segundos supone una solución al bloqueo actual.

PP y VOX recurrirán al Constitucional

Como era de esperar, este paso ha agudizado aun más si cabe las relaciones con el PP. Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a batallar ante la Justicia, con recursos de inconstitucionalidad, y ante la Unión Europea contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su "asalto al estado de derecho" para "mantenerse en el poder" y por pretender controlar el Tribunal Constitucional.

Igualmente, Vox ha anunciado que acudirá al tribunal de garantías, pero la formación de Santiago Abascal ha ido más allá al reclamar a la oposición que presente una moción de censura contra Sánchez, para conseguir un nuevo Ejecutivo que convoque elecciones generales. Lo mismo han pedido desde las filas de Ciudadanos, aunque por el momento la petición está siendo ignorada por los de Feijóo.

La oposición también mira a Bruselas, pero la Comisión Europea ha dicho este viernes que la reforma legal es, por el momento, sólo un anuncio, por lo que ha rehusado valorar si están en línea con las recomendaciones de las instituciones europeas al respecto.

No solo entra el juego la renovación del Poder Judicial

Otra de las propuestas de los socialistas para su reforma del Código Penal consiste en desarrollar un nuevo tipo de delito para que el Código Penal castigue hasta con tres años de cárcel a cargos públicos que no justifiquen un enriquecimiento de más de 250.000 euros.

Patxi López ha insistido en que esta enmienda no tiene que ver con el delito de malversación que ERC propone retocar, reduciendo penas, durante la tramitación de la proposición de ley relativa a la sedición. El portavoz socialista ha recalcado, además, que esta propuesta de los socios de coalición no tendrá ningún efecto sobre los condenados el caso de los ERE de Andalucía, que afectó fundamentalmente a cargos del PSOE. "No toca para nada ese asunto y, por tanto, no afecta", ha dicho.

A quien sí podría afectar, según los proponentes, es la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, cuyo esposo y uno de los hijos de éste están procesados por blanqueamiento de capitales.

Esquerra y el equilibrio imposible

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A su vez, el Gobierno negocia con ERC, pero permite a los separatistas presentar sus enmiendas tal y como se habían filtrado. Esto es, rehabilitan a Oriol Junqueras, pero abre la puerta a que se beneficien condenados por otros casos de corrupción. Eso genera recelos o directamente rechazo en el PSOE.

"Hemos presentado esto, ¿para contrarrestar qué? Nada. Para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción, para poner un nuevo tipo de delito que no existía en nuestro ordenamiento jurídico y que ha hecho que demasiados cargos públicos que se han enriquecido ilícitamente no hayan tenido ninguna consecuencia por ese enriquecimiento ilícito", ha explicado el mismo Patxi López en el Congreso.

¿Qué hace el Gobierno? Ganar tiempo, vender que ellos aún deben estudiar las propuestas de ERC, presentarse como adalides de la lucha contra la corrupción con un nuevo tipo penal de enriquecimiento ilícito que, como hemos explicado, prevé hasta tres años de cárcel para cargos públicos que no puedan justificar un enriquecimiento superior a 250.000 euros tras el requerimiento de un órgano oficial.