La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont esgrimirá la supresión del delito de sedición para probar su "persecución política" en la vista que celebrará el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para decidir si le reconoce la inmunidad, lo que abriría la puerta a su regreso. Fuentes cercanas a la defensa de Puigdemont declaran que la reforma que está tramitando el Congreso para convertir el delito de sedición en desórdenes públicos agravados servirá para apuntalar su tesis de que el expresidente catalán es víctima de una "persecución política", por lo que debe revocarse el suplicatorio que aprobó el Parlamento Europeo y reconocerse la inmunidad.

Tras la vista, que se celebrará el próximo viernes, el TGUE debe decidir sobre el recurso que Puigdemont y los exconsellers y eurodiputados de JxCat Toni Comín y Clara Ponsatí presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, después de que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos en España. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, tiene previsto alegar diversas irregularidades ante el TGUE, entre ellas la falta de imparcialidad de los miembros involucrados en la tramitación del suplicatorio o la supuesta falta de competencia del Supremo para solicitarlo.

Además, la reforma de la sedición, según la defensa, da munición a sus argumentos, pese a que JxCat rechaza de pleno su sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados al entender que está hecho "a medida" para perseguir el referéndum unilateral del 1-O y para extraditar al expresidente catalán. Boye aducirá que la reforma demuestra que Puigdemont ha sido víctima de persecución política en este proceso, dado que han ido variando los delitos por los que el Supremo reclamaba su extradición: inicialmente rebelión, sedición tras la sentencia del procés y ahora posibles desórdenes públicos agravados.

En el caso de que el TGUE avale la retirada de la inmunidad a Puigdemont, su defensa tiene previsto presentar recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya sentencia podría demorarse meses, y también se plantea hacerlo en el caso de que se revoque el suplicatorio por la falta de imparcialidad de la comisión que lo tramitó, sin entrar en el fondo del asunto. Por el contrario, si le da la razón -una decisión que el Parlamento Europeo podría recurrir ante el TJUE-, su abogado le recomendaría regresar a España, donde asegura que no podría ser detenido porque cuenta con inmunidad como europarlamentario.

Sin embargo, fuentes del Supremo se remiten a las resoluciones en las que el magistrado Pablo Llarena, que ha investigado el "procés", estableció que la eventual inmunidad parlamentaria de Puigdemont no le protegería en España dado que cuando fue elegido europarlamentario ya estaba procesado, de modo que podría ser arrestado en virtud de la orden nacional de detención que sigue vigente. Porque, según decía alguna de esas resoluciones, en España a los eurodiputados se les reconocen los mismos privilegios que a los miembros del Parlamento nacional y no es obligatoria la autorización de la Eurocámara cuando se ha accedido al cargo después de ser procesado, en base a la interpretación que ha hecho ya el Supremo de la Constitución y los reglamentos del Congreso y el Senado.

La resolución del caso será fundamental para el futuro judicial de Puigdemont en Bélgica, cuya justicia mantiene suspendida la euroorden que emitió contra él el Tribunal Supremo hasta que se dirima si la Eurocámara actuó correctamente al retirarle la inmunidad.

En el marco de este segundo proceso sobre el alcance de las euroórdenes, la defensa de Puigdemont ha pedido que se celebre otra vista -ya se celebró una el pasado mes de abril- para exponer nuevos argumentos apelando, entre otras cuestiones, al ataque con el software malicioso Pegasus a los móviles del entorno del expresidente catalán. En concreto, Boye mantiene que él mismo, así como de otras personas del entorno de Puigdemont, fueron espiados con Pegasus precisamente cuando preparaban su línea de defensa para dar respuesta a la cuestión prejudicial que planteó Llarena sobre sus competencias para dictar euroórdenes.

El abogado general de la UE, cuya opinión no es vinculante pero suele coincidir con la del TJUE, sostiene que no se puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo ni denegar la extradición por considerar que España violaría los derechos fundamentales de los líderes independentistas sin demostrar que existen "deficiencias sistémicas" respecto al Estado de Derecho.