El equipo jurídico del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont estudia impugnar la designación del juez Pablo Llarena para instruir la causa del "procés" en el Tribunal Supremo, según ha declarado su abogado Jaume Alonso-Cuevillas.

Alonso-Cuevillas ha comparecido en el Congreso de los Diputados para exponer su visión sobre la reforma de la ley del indulto, pero, en declaraciones en los pasillos, ha explicado que está ultimando un informe sobre esa designación.

"Tenemos sospechas fundadas de que no se siguió el orden en la designación del magistrado instructor", ha manifestado el abogado en consonancia con las declaraciones que realizó ayer en Rac 1.

El letrado de Puigdemont ha indicado que el informe consta de más de cien páginas y, aunque ha eludido avanzar una conclusión con "rotundidad", ha incidido en sus dudas sobre el método de reparto que se aplicó en el Supremo y ha criticado la ausencia de transparencia.

Según el planteamiento de Cuevillas, de acuerdo con las normas de reparto del Supremo, la designación de Llarena no había sido regular, con lo que podría ser impugnado y se pediría la nulidad del proceso.

Esta misma estrategia la ha planteado uno de los abogados de varios de los investigados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que ha pedido la nulidad del procedimiento (lo que implicaría la nulidad de todo lo que ese juzgado ha aportado al Supremo) por un incumplimiento de las normas de reparto.

En ese caso, según el abogado, la causa no podía recaer en el juzgado número 13 porque estaba de guardia al día siguiente de que se interpusiera la denuncia y las normas de reparto que le facilitó el Colegio de Abogados de Barcelona -tras la negativa a entregárselas por parte de los órganos judiciales- fijan un plazo de 72 horas para quedar exento del reparto el juez de guardia entrante y el saliente.

La jueza decana de Mercè Caso aclaró posteriormente que esa norma ya no está vigente y que desde 2014 el reparto de asuntos en Barcelona se hace sin esas excepciones.