La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado de forma abierta al líder de su partido, Pablo Casado, o la estrategia de la formación, manifestaciones que pueden recibir sanción de acuerdo a los estatutos del PP, que contemplan incluso la expulsión en caso de "manifiesta deslealtad".

En su libro, Álvarez de Toledo tilda a Casado de "bienqueda" y "veleta" que "tiene miedo" y acusa a su número dos, Teodoro García Egea, de acoso y dominio despótico, denuncia además una campaña de Génova contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y cuestiona la estrategia del PP en Cataluña, contra Vox o durante la pandemia.

Tras estas aseveraciones, varios dirigentes y diputados del PP le han pedido que se marche, pero la exportavoz dice en su libro, y ha mantenido después, que no dejará el escaño. Génova no se plantea por el momento aplicarle ninguna de las sanciones que como afiliada podría recibir, como tampoco las tuvo cuando en 2015 renegó de Mariano Rajoy.

No quieren alimentar la polémica, ni dar excusas que ayuden a vender más ejemplares, aunque los estatutos dan margen a Génova para actuar.

Por ejemplo, consideran infracciones muy graves la "manifiesta deslealtad al partido" entendida como "toda acción u omisión voluntaria que pueda perjudicar el interés general del Partido".

También "toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas" en el seno de la formación o participar "en grupos organizados que perjudiquen los intereses o la imagen del Partido".

Cometer una infracción muy grave puede conllevar la suspensión de la afiliación entre cuatro y seis años, la inhabilitación para representar al PP por igual tiempo o incluso la expulsión.

Entre las infracciones graves, que se castigan con suspensión de la afiliación e inhabilitación durante uno o tres años, pero no con la expulsión, figura la propagación por cualquier medio de "noticias que desprestigien al Partido, sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos de gobierno, representación o de los Grupos Institucionales o personas que los integran".

O "cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado al Partido".

Además, se considera infracción leve -sancionada con suspensión de afiliación de entre un mes y un año- "cualquier manifestación oral o escrita que vaya en descrédito o menosprecio de otro afiliado y que no constituya una infracción más grave".

En todos los casos es el Comité de Derechos y Garantías, que encabeza Andrea Levy, el que debe abrir un procedimiento de oficio o a instancia del presidente y los comités ejecutivos, el presidente de los Comités Electorales o el de los comités de Derechos y Garantías.

La sanción del partido a un afiliado, que en este momento no estaría encima de la mesa, es un procedimiento diferente al que abrirá el grupo parlamentario tras saltarse Álvarez de Toledo la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional, que previsiblemente se saldará con una sanción económica.