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El PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes una proposición de ley para sortear el "bloqueo" al que, denuncian, tiene sometido el PP al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que buscará que las Cámaras puedan elegir por mayoría absoluta -en lugar de tres quintos- a los doce vocales que les corresponden.

Los portavoces parlamentarios del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han registrado este martes la propuesta, de la que han dado cuenta en una rueda de prensa conjunta, en la que ambos han defendido la "legitimidad democrática" de su planteamiento, que renovaría la ley orgánica 6/1985 sobre la elección de los vocales correspondientes al "turno judicial".

Pues, a diferencia de los 8 vocales elegibles por juristas de reconocida competencia, en los doce correspondientes a las Cámaras, según el PSOE y Unidas Podemos, no se establece en la Constitución sino en esa ley orgánica que ahora plantean reformar la mayoría concreta de ha de exigirse para su designación.

Así, la proposición registrada por los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición busca que tanto el Congreso como el Senado puedan elegir a los seis vocales de cada Cámara con mayoría absoluta 48 horas después de una primera votación en la que se mantendría la exigencia de tres quintos.

Una reforma que persigue actualizar el CGPJ después de que el PP haya roto "en dos ocasiones" el acuerdo para renovar los vocales, ha reprochado Lastra, que ha dicho al PP que también ellos promovieron en 2013 una reforma "equivalente" y con un objetivo similar.

Según Lastra, con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, el PP reformó los mismos apartados que ahora buscan cambiar ellos para garantizarse que el CGPJ "seguía funcionando" si una de las dos cámaras no cumplía con "su responsabilidad" en la renovación del órgano.

La socialista ha defendido que, pese a los cambios, la nueva legislación garantizaría "la exigencia de buscar el consenso en parlamentos fragmentados" y ha enfatizado que "obliga a buscar a acuerdos" igualmente a los partidos.

Se establece, ha defendido, una mayoría "viable" con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de las instituciones.

Echenique, por su parte, ha enfatizado que los dos partidos buscan así "proteger al poder judicial" del desprestigio que le causa Casado cuando se opone a los cambios y -ha incidido- lo utiliza "con tácticas partidistas". Porque el actual, ha dicho, "es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe" y "carece de legitimidad democrática".

La proposición pretende limitar las decisiones que pueda adoptar un CGPJ saliente, cuyos miembros, en una situación de interinidad como la actual, ya no podrían proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros cargos.

El PSOE y Unidas Podemos están convencidos de que lograrán apoyo parlamentario a su iniciativa, de la que no han hablado por el momento con los grupos, porque 188 de los 365 diputados refrendaron hace unas semanas una iniciativa que pedía renovar el CGPJ.

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De ser así, entienden los partidos del Gobierno de coalición que en un plazo de dos meses podría estar en vigor esta modificación.

Ante el anunciado recurso al Tribunal Constitucional por parte del PP, Lastra ha recordado que la reforma "se hace con la misma intención que en 2013" hizo el PP, "exactamente con los mismos artículos" para evitar el bloqueo de un órgano constitucional.

"Es paradójico que pretender ir al Constitucional por estar bloqueando a aquellos que bloquean un mandato constitucional. Paradojas de la vida a las que el PP nos tiene acostumbrados", han enfatizado la portavoz socialista.

Al proponer el cambio los grupos parlamentarios en lugar del Gobierno, no será necesaria emitir una consulta al Consejo de Estado ni pedir informes, han confirmado ambos portavoces en la rueda de prensa, a diferencia de lo que sucedería si el trámite se hiciese desde el Gobierno.