El grupo socialista y Unidas Podemos han aprovechado la reforma del Código Penal para introducir enmiendas que permitan sortear el bloqueo que un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está haciendo para impedir la renovación del Tribunal Constitucional.

Se trata de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluso introduce la posibilidad de castigar con responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley, como está ocurriendo en estos momentos.

Porque el texto anunciado por el portavoz parlamentario socialista Patxi López establece un mandato imperativo y un calendario para la renovación de los dos magistrados del TC que competen al Consejo General del Poder Judicial.

El propósito es sustituir el modelo actual, que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales del CGPJ, por un sistema de votación individual en el que resulten elegidos los candidatos con más apoyos.

También se introducen plazos concretos para evitar el bloqueo: el presidente del CGPJ deberá convocar el proceso en cinco días desde la entrada en vigor de la ley, cada vocal propondrá como máximo un candidato, se convocará un pleno en tres días para la votación y serán elegidos los dos más votados. En caso de empate, tendrá voto de calidad el presidente.

Se suprime además la potestad del CGPJ de verificar previamente la idoneidad de los magistrados que nombra el Gobierno, porque "no tiene ningún sentido" permitirles bloquear los nombramientos que competen al Ejecutivo.

López ha planteado esta reforma como respuesta a la actitud "antisistema", "antidemocrática" e "inaceptable" del PP en su negativa a renovar un Consejo General del Poder Judicial que lleva cuatro años en funciones.