La mayoría socialista en el Senado, junto a los grupos nacionalistas y de izquierda, ha echado por tierra el intento del PP por promover desde la Cámara Alta la recuperación del delito de convocatoria de referendos ilegales que este partido aprobó en 2003 y que fue suprimido por el PSOE dos años más tarde.

La toma en consideración de una proposición para modificar el Código Penal presentada con esta finalidad por el PP ha sido rechazada este miércoles por el pleno del Senado, ya que el grupo popular solo ha recabado el insuficiente respaldo de Cs y UPN en una votación telemática que concluirá a última hora de la mañana. La Cámara también va a desestimar una propuesta alternativa de Vox que pretendía ir más allá e incorporar al Código Penal el delito de "deslealtad constitucional".

Por boca del senador Carlos Floriano, el PP ha defendido la conveniencia de volver al tipo creado en 2003 y cuya posterior derogación a iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado "un error". Floriano ha argumentado que el derecho penal no ha sido eficiente para impedir el reto independentista consumado con la consulta catalana del 1-O de 2017.

Por ello cree preciso "anticipar la defensa de nuestra democracia" para disuadir a quien quiera "aprovecharse" de la Constitución "para cambiarla sin respetar los procedimientos". "Votar sin ley no es democracia", ha remarcado al rebatir los argumentos que desde la tribuna han lanzado los portavoces de formaciones independentistas en favor del "derecho a decidir", a quienes ha espetado que en realidad no quieren hacer "política" sino solo "que les demos la razón".

El grupo parlamentario de Ciudadanos sí está conforme con volver a castigar con inhabilitación a las autoridades que convoquen consultas ilegales. Su portavoz, Lorena Roldán, ha dicho que los referendos de Cataluña sirvieron de "coartada" a los separatistas que intentan "pasar por democracia" su "visión totalitaria".

También lo ha respaldado el senador de UPN Alberto Catalán, para quien España "se tiene que defender de aquellos que atacan el Estado de derecho y van en contra de la legalidad". De forma paralela, el senador de Vox Jacobo González-Robatto ha abogado por endurecer la legislación para hacer frente a una "amenaza" independentista que, ha dicho, "sigue viva y alentada por el Gobierno", con penas más agravadas para el delito de rebelión.

Planteamientos todos muy contestados por el PSOE, los grupos de izquierda y nacionalistas, que han apostado por resolver con el "diálogo" los conflictos políticos sin tirar "el Código Penal a la cabeza a nadie", según el socialista Artemi Rallo. En su opinión, las medidas punitivas planteadas por el PP son "innecesarias e inútiles" como demuestra el hecho de que bajo el mandato de Zapatero no se convocó ni un solo referéndum ilegal pese a haber despenalizado su convocatoria. Por el contrario, al PP de Mariano Rajoy "le convocaron" dos consultas ilegales en 2014 y 2017, ha recalcado el senador.

Rallo ha atribuido la presentación por parte del PP de este "espantajo recurrente" a que "necesita ocultar sus vergüenzas" por la mala gestión de la pandemia en Madrid y el caso "Kitchen" y ha acusado a los populares de estar "obsesionados" con Vox y de envolverse por ello "en la bandera".

El PNV, a través del senador Imanol Landa, ha afeado al PP que recurra de nuevo a la "criminalización de la política" y ha advertido de que la tipificación que reclama es "innecesaria" y también "inútil" porque no ayudará a resolver la cuestión de la "realidad plurinacional" del Estado.

Laura Castel (ERC) ha sostenido que querer penalizar los referendos demuestra el "temor" del PP a un "derecho a decidir" que ha reivindicado repetidamente, a la par que ha recalcado la inexistencia de delito en las consultas catalanas.

De igual modo se ha expresado por parte de JxCAT Josep Maria Cervera, quien ha aprovechado para pedir al Gobierno una amnistía para los presos del "procés" y un referéndum de autodeterminación pactado.

Gorka Elejabarrieta, de EH-Bildu, ha advertido al PP de que "no se pueden poner puertas al campo" y que es "cuestión de tiempo" que haya este tipo de consultas, como ocurre en otros países europeos.

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Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha criticado que quieran considerar delito "lo que es democracia y participación", y ha reiterado que "los conflictos políticos no se arreglan en los juzgados" sino "con el diálogo".