El Ejecutivo quiere modificar los delitos de sedición y rebelión para rebajar las penas por las que cumplen condena los líderes independentistas catalanes tras la sentencia del procés. En esa propuesta, encargada por Pedro Sánchez al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también se abordará el consentimiento en las relaciones sexuales y nuevos delitos medioambientales.

Se trata de una modificación que beneficiará a los políticos condenados en virtud de la aplicación de la norma más favorable al reo, que implica que cuando hay una colisión entre dos normas penales cuya vigencia temporal ha sido diferente, pudiéndose aplicar cualquiera de ellas, se debe optar por la que es más favorable.

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que España tiene "un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España", según expresó el presidente en una entrevista en TVE. El Tribunal Supremo condenó a los líderes del procés por sedición a penas de entre 9 y 13 años de cárcel. Según el actual artículo 544 del Código Penal, las penas de prisión por sedición van de ocho a 10 años, y de 10 a 15 años si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impone, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Aunque Carmen Calvo ha dicho que la reforma del Código Penal "no forma parte, en absoluto" de la mesa de diálogo con Cataluña, pactada por el presidente con ERC para lograr su abstención en la investidura, no es la primera que el PSOE introduce cambios en el Código Penal para contentar a los nacionalistas.

CUANDO EL PNV CONVENCIÓ AL PSOE PARA QUE LA VIOLENCIA FUERA NECESARIA

Así sucedió en 1995 cuando el PNV convenció al PSOE para que la violencia fuera necesaria en la rebelión. Veinticuatro años más tarde esto hizo que los líderes independentistas no fueran condenados por rebelión, sino por sedición, al considerar el Supremo que con la declaración unilateral de independencia no se dio una violencia "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios" que hubiera conducido a la secesión de Cataluña del Estado español. Pese a ello, dijo que los episodios de violencia fueron "indiscutibles".

Con ETA asesinando, se introdujo entonces una enmienda en el debate sobre la reforma del Código Penal de 1995 para que fueran reos del delito de rebelión los que se alzaren "con violencia" para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Se trató de una enmienda transaccional de IU, aceptada por el PNV, pues la expresión "con violencia" no figuraba en el proyecto de reforma. La intención era evitar que la defensa de la independencia se castigase como proposición o apología de la rebelión.

Así se creó una barrera de seguridad para defender las tesis de la independencia en mítines, sobre todo en el País Vasco, pues los políticos ya no podían ser encausados por ello. La enmienda la presentó el diputado de Izquierda Unida Diego López Garrido, que a la postre sería portavoz del PSOE en el Congreso y secretario de Estado para la Unión Europea con Rodríguez Zapatero.

El precepto de la rebelión solo castigaba a “los que se alzaren públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Diego López Garrido consideró legítima la defensa de la autodeterminación "siempre que se haga pacíficamente", mientras que por el PNV, el diputado Emilio Olabarría insistió en que "alzarse públicamente es un concepto indeterminado no equivalente a hacerlo con armas". La cuestión suscitó la adhesión de CC y de CiU.

La reforma del Código Penal de 1995 salió adelante con el acuerdo del PSOE en el gobierno, Izquierda Unida y los nacionalistas vascos y catalanes.

EL PRESAGIO DE GONZÁLEZ PONS

El entonces senador del PP Esteban González Pons alertó de que eliminar la llamada "rebelión impropia", esto es, la que no emplea la violencia, era un error porque se podía "quebrar el orden legítimo a través del llamado pronunciamiento, a través de la astucia o a través del chantaje de guante blanco, gomina y cuello duro al Gobierno. También a través del conocido como autogolpe de Estado".

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“Hemos creado un peligro cuyo alcance en este momento no se le debe escapar a nadie”, dijo Pons, llegando a afirmar que algunos pronunciamientos militares del s. XIX en los que no hubo violencia física actualmente no serían delito.

Como si de una premonición se tratase, veintidós años después, los independentistas catalanes que se opusieron al delito de rebelión sin violencia proclamaron la independencia de Cataluña del resto del Estado español.

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