El PSC ha registrado en el Parlament una proposición de ley de Memoria Democrática pionera, que prevé multas de hasta 150.000 euros para quien promueva actos que conlleven "descrédito, menosprecio o humillación" para las víctimas del franquismo, o bien honores para quienes apoyaron la dictadura.

Así lo refleja la proposición de ley impulsada por los socialistas, a la que ha tenido acceso Efe y que vuelve a poner sobre la mesa una de las cuestiones pendientes del anterior mandato.

Los socialistas catalanes ya presentaron una propuesta similar durante la pasada legislatura, pero la frenaron tras llegar a un acuerdo con ERC y JxCat para esperar a que el Govern presentara su propia ley y, entonces, tramitar conjuntamente los dos textos.

No obstante, el estallido de la pandemia de covid y el adelanto electoral en Cataluña impidieron que la ley se llegara a aprobar.

"Vamos tarde", lamentan fuentes socialistas consultadas por Efe, que en esta ocasión no descartan seguir adelante con su propuesta sin esperar a que la Conselleria de Justicia registre la suya.

La propuesta del grupo PSC-Units consiste en una ley integral que busca unificar y complementar la normativa que ya existe en materia de memoria histórica, que en estos momentos se divide en tres leyes: la del memorial democrático de 2007, la de fosas de 2009 y la de reparación jurídica de las víctimas del franquismo de 2017.

El texto de esta última se mantiene íntegro en la nueva norma que propugnan los socialistas, que "mejora" las anteriores, por ejemplo agilizando los trámites para la exhumación de fosas comunes y la identificación de las personas sepultadas en ellas.

En Cataluña, según estimaciones facilitadas por el PSC, se calcula que quedan por abrir más de 500 fosas en las que podría haber unas 20.000 personas enterradas.

Otra las novedades, quizás la más significativa, que incorpora la propuesta del grupo PSC-Units es el establecimiento de un régimen sancionador para quien atente contra la memoria democrática.

Las multas que se recogen son de tres tipos: las leves, que van de 200 a 2.000 euros; las graves, de 2.001 a 10.000 euros, y las muy graves, de 10.001 a 150.0000 euros.

Se considerará como infracción "muy grave" la celebración de actos donde se exalte la dictadura franquista, la realización de excavaciones en fosas u otros lugares de memoria sin previa autorización, la construcción en un terreno donde exista la certeza de que hay personas enterradas, la destrucción de fosas, la no conservación de bienes que formen parte del itinerario de memoria democrática de Cataluña y la no retirada de elementos franquistas.

Asimismo, se registrará como infracción "grave" el traslado no autorizado de restos humanos de fosas, la exhibición pública de elementos contrarios a la memoria democrática, la destrucción de elementos conmemorativos o de recuerdo a las víctimas y la difusión de mensajes vejatorios para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, entre otros.

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Por último, se recogerá como infracción "leve" la alteración con pintadas de elementos de recuerdo a las víctimas del franquismo cuando no tenga ánimo de injuriar a las víctimas y la destrucción de documentos de memoria democrática de Cataluña, entre otros.

Más allá de las sanciones económicas, la ley contempla que las personas o entidades que actúen en contra de la memoria histórica puedan perder el derecho a recibir subvenciones o ayudas públicas.