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JUSTICIA CORRUPCIÓN

72 procesados por corrupción en el primer trimestre, diez menos que en 2020

Los jueces españoles abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 72 personas -53 físicas y 19 jurídicas- en el primer trimestre de este año, diez menos que en el mismo periodo de 2020, según datos del repositorio de estos procedimientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).,En ese periodo concluyeron un total de diez procedimientos por este tipo de hechos, dos menos que en el primer trimestre del pasado ejercicio.,Además se dictaron 17 sentencias

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12:21

Los jueces españoles abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 72 personas -53 físicas y 19 jurídicas- en el primer trimestre de este año, diez menos que en el mismo periodo de 2020, según datos del repositorio de estos procedimientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En ese periodo concluyeron un total de diez procedimientos por este tipo de hechos, dos menos que en el primer trimestre del pasado ejercicio.

Además se dictaron 17 sentencias en procedimientos por corrupción de las cuales 11 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 64,7 por ciento del total.

Se da la circunstancia que las 19 personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral son todas de Andalucía.

En cuanto a las 53 personas físicas acusadas en procedimientos por delitos de corrupción en el primer trimestre de este año, la mayoría, 39, también lo fueron en Andalucía, seguida de Comunidad Valenciana con 11, Madrid con dos y Castilla y León con una.

La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción política de tal forma que los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el mismo tiene como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos cuya actuación afecte al dinero público.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

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