El primer veto del Gobierno, para una ley de Cs surgida del caso Cifuentes

El Gobierno ha presentado su primer veto a una iniciativa parlamentaria, una proposición de ley que Ciudadanos presentó en junio en el Congreso para mejorar la autonomía y la transparencia en las universidades y con la cual pretendía evitar casos como el de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

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Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 19:41

El Gobierno ha presentado su primer veto a una iniciativa parlamentaria, una proposición de ley que Ciudadanos presentó en junio en el Congreso para mejorar la autonomía y la transparencia en las universidades y con la cual pretendía evitar casos como el de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

El Ejecutivo, según han relatado a Efe fuentes parlamentarias, se ha acogido al precepto constitucional que permite bloquear la tramitación de esta propuesta acogiéndose al artículo 134.6 de la Constitución.

Este precepto dice que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

Considera el Ejecutivo que la proposición del grupo de Ciudadanos comportaría un aumento de los gastos de cinco millones de euros, según han explicado las fuentes, y por ello ha decidido vetar su tramitación parlamentaria.

Es la primera vez que el Gobierno del PSOE adopta una decisión de estas características; hasta la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez hasta La Moncloa, la cuestión de los vetos del anterior Ejecutivo del PP fue uno de los asuntos más controvertidos de la vida parlamentaria.

De hecho, el grupo socialista y las demás formaciones de la oposición criticaron en numerosas ocasiones la práctica de los vetos, unos sesenta durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy en esta legislatura, y que atribuyeron a un "bloqueo sistemático" a la actividad parlamentaria de la oposición.

A mediados del pasado mes de abril, el Tribunal Constitucional sentenció a favor del Congreso en un conflicto de atribuciones presentado por el Gobierno del PP cuando la Mesa de la Cámara Baja levantó dos vetos impuestos por el Ejecutivo.

La iniciativa ahora vetada por el Gobierno socialista contemplaba medidas para mejorar la transparencia en las universidades, como la implantación de un software antiplagio o la creación de un Consejo que permitiera presentar de forma anónima sospechas de mal funcionamiento en el ámbito universitario.

Su propósito declarado por los promotores de la proposición de ley era mejorar los controles internos para evitar casos como el máster de Cristina Cifuentes, cuya supuesta obtención irregular está sometida a investigación judicial, con varios imputados, entre ellos la propia Cifuentes, por los delitos de falsedad documental y por cohecho.

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