La Comisión de Justicia del Senado, gracias a la mayoría del PP, ha dado hoy el primer paso para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que han cobrado más protagonismo los jueces frente al Parlamento, aunque la reforma tendrá dificultades para ser aprobada en el Congreso.

La Comisión, con 14 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones, ha avalado el dictamen del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha incluido la enmienda que registró el grupo popular para cambiar el sistema después de romper el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno para renovar en plazo el CGPJ, cuyo mandato expira hoy.

La senadora del PP, Cristina Ayala, ha defendido que los jueces y magistrados elijan a doce de los veinte vocales (los de procedencia judicial) para conseguir la independencia que reclama la sociedad, pero tanto el PSOE como Podemos han tachado de oportunista una enmienda presentada después de que se filtrara el polémico wasap de su portavoz en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó.

Aunque el dictamen sea avalado por el pleno del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, el proyecto debe volver al Congreso y, al ser una ley orgánica, necesitará también de mayoría absoluta para ser refrendado con las enmiendas introducidas.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido en un desayuno informativo hoy la designación de los veinte vocales en el Parlamento, que representa a la soberanía nacional, y ha llamado a los grupos políticos a sentarse de nuevo a negociar: "No se trata de un mercadeo entre partidos ni de acuerdos turbios; se trata del cumplimiento de la Constitución", ha recalcado.

En la Comisión, la senadora socialista María José Fernández, cuyo grupo se ha abstenido, ha acusado al PP de romper in extremis el acuerdo para renovar el CGPJ "por intereses partidistas y electoralistas" tras los "mensajitos" de Cosidó, en los que defendía el pacto para renovar el CGPJ porque permitiría "controlar desde detrás" la sala segunda del Tribunal Supremo.

Ayala, por contra, ha acusado a la "cuadrilla" de Delgado de acabar con el acuerdo al filtrar el nombre del que iba a ser su presidente, Manuel Marchena, y ha defendido que sea ahora cuando proponen reformar el modelo, tras percibir que había un problema y que la sociedad exigía un cambio.

Ha instado así a Podemos a sumarse a su propuesta, pero el portavoz de ese grupo, Joan Comorera, ha criticado con dureza la propuesta que registró el PP tras ser "pillado con el carrito del helado" con el wasap de Cosidó.

Comorera ha evidenciado "el giro espectacular" del PP, que ha pasado "de defender el sistema existente, del que había beneficiado ampliamente, para deslegitimarlo" y ha anunciado también la abstención de Podemos abogando por un debate sosegado para diseñar un sistema sin interferencias partidistas, con base democrática y no centrado en la designación corporativa.

Al margen de la reforma del sistema de elección del Consejo, el PP ha aceptado una enmienda del PSOE sobre los centros de destino en la administración de Justicia, después de que los funcionarios fueran a la huelga al considerar que, tal como había salido el proyecto del Congreso, se abría la puerta a los traslados forzosos y se destruía empleo interino.

Hay consenso en torno a esa enmienda, aunque también decaería en el Congreso si el proyecto no logra la mayoría absoluta del pleno en su vuelta a esa cámara.

El objetivo inicial de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial era devolver a los jueces y funcionarios permisos y licencias recortados durante la crisis, pero en el Congreso los principales grupos consensuaron diversas enmiendas para acabar con el actual "presidencialismo" del Consejo e dotar de mayor objetividad a los nombramientos de altos cargos judiciales.

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Sólo Ciudadanos defendió en el Congreso la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ -y también ha presentado una enmienda con ese objetivo en el Senado-, mientras que el resto de los grupos parlamentarios apostó por centrarse en mejorar el funcionamiento interno de ese organismo, su rendición de cuentas y su transparencia.

El PNV se ha opuesto al dictamen de hoy criticando la ruptura de ese consenso.