Presos y expresos de ETA han declarado, en el juicio al supuesto aparato jurídico de la banda, que Arantza Zulueta y otros abogados que ejercían su defensa les informaban "sobre la situación política del País Vasco", pero han negado que les transmitiesen comunicaciones de la organización terrorista.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio del "sumario 13/13" con una sesión en la que han testificado varios exmilitantes de ETA condenados por su pertenencia a la banda.

Este procedimiento se dirige contra ocho supuestos miembros de Halboka, el brazo jurídico de la banda, que supuestamente lideraba Zulueta, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel por integración en organización terrorista en condición de dirigente y por depósito de armas y explosivos.

Para el resto de acusados, entre los que se encuentra el abogado Jon Enparantza, el Ministerio Público solicita entre 7 y 12 años de prisión por su presunta pertenencia a ETA o colaboración con la banda.

En la causa también estuvo procesado Juan Mari Jauregui, que falleció el pasado viernes y anteriormente fue excluido del procedimiento por motivos de salud.

Durante la sesión de este martes, Ana Belén Egües y Juan Lorenzo Lasa, Txiquierdi, exportavoces del colectivo de presos "de la causa vasca" (EPPK) y exmilitantes de ETA, han relatado que Zulueta, que ejerció como su abogada, les informaba sobre la actualidad política del conflicto vasco junto a otros letrados del colectivo de abogados, conocido como KT.

Asimismo, han negado que este órgano de abogados estuviera vinculado con ETA y que Zulueta y otros acusados les transmitieran comunicaciones relacionadas con la banda terrorista.

Sobre el EPPK o colectivo de presos han contado ante el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo que se creó en 1995 para defender las reivindicaciones de "todos los presos políticos vascos, no solo los de ETA".

En concreto, Egües y Lasa han confirmado que mantuvieron una reunión, gestionada por Zulueta, en la prisión de Granada con un representante de Instituciones Penitenciarias para "poner encima de la mesa " las siguientes exigencias: el reconocimiento como presos políticos, su reunificación en las cárceles vascas y la libertad de los enfermos graves y de aquellos que habían cumplido tres cuartas partes de su condena.

Las actividades del EPPK, según han afirmado ambos y otros testigos, las "vehiculizaba" el colectivo de abogados o KT, al que pertenecían Zulueta y otros acusados, con "continuas comunicaciones a través de cartas y llamadas".

Sobre la principal acusada en este juicio han explicado que les entregó un informe sobre la situación de todos los presos del EPPK "que pasó sin problemas por el control y la dirección de la prisión" en la que se encontraba Lasa.

También han testificado David Pla, exmiembro del aparato político de ETA, y Jon Salaberria, detenido junto a Francisco López Peña, Thierry, en 2008, quienes han asegurado que no les consta que el colectivo de abogados ofreciese información a la banda sobre miembros huidos, posibles objetivos para atentar o gestiones del cobro del impuesto revolucionario.

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De la misma forma, Pla y Salaberria han desmentido que mantuvieran una cita en Mimizan (Francia) en mayo de 2018, días antes de un encuentro entre Jon Enparantza y un supuesto miembro de ETA en los alrededores de la catedral del Buen Pastor de San Sebastián.

Además, Salabarria ha tachado de "inverosímil" la posible vinculación directa de los abogados acusados con la banda terrorista.