El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado que la sentencia sobre la pieza política de los ERE, que espera para finales de octubre, es "la más complicada de la historia judicial de España" y ha calculado que tendrá "casi mil folios o más".

Del Río ha hecho estas declaraciones este miércoles después de reunirse en la Audiencia Provincial de Sevilla con los tres jueces de la Sección Primera que se encargaron de enjuiciar a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"La redacción está muy avanzada, pero es una sentencia de una complejidad enorme. Tendrá casi mil folios o más y están haciendo un esfuerzo ímprobo", ha destacado a los periodistas Del Río, quien ha añadido que el trabajo se encuentra "en su fase final" y ha confiado en que haya fallo "a finales de octubre".

La Sala de Gobierno del TSJA ya liberó en febrero al juez ponente, Juan Antonio Calle Peña, para que durante seis meses se centrase en la redacción de la sentencia y después prorrogó ese periodo precisamente hasta la última semana de octubre.

El TSJA también eximió a las otras dos magistradas de la Sala, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, de asistir a juicio y emitir nuevas ponencias entre los pasados 22 de abril y 28 de junio.

Del Río ha recordado que los jueces, en especial el ponente, están trabajando "mañana, tarde y noche" y no ha valorado la posible incidencia de unas nuevas elecciones generales en la fecha en que se dé a conocer una sentencia tan trascendental.

El juicio quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018 después de 152 sesiones que se desarrollaron durante más de un año y en las que el tribunal oyó a más de 120 testigos, 9 peritos y los acusados, quienes se enfrentan a peticiones de condena de hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación.

Además de Chaves y Griñán, también fueron juzgados exconsejeros, exviceconsejeros y ex altos cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación y de la agencia pública IDEA que formaron parte de sus gobiernos entre 2001 y 2010, todos acusados de crear un "procedimiento específico" para dar 850 millones en ayudas sociolaborales a empresas de forma arbitraria y sin control. EFE

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