El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, del PP, ha puesto en valor el trabajo de adaptación de la nueva Ley de Función Pública, cuyo texto está en fase de negociación colectiva y que se tramitará para que llegue a las Cortes antes de finalizar el año "con el objetivo de avanzar, mirar hacia adelante y lograr un modelo propio de organización y de gestión autonómica que sean ejemplo de liderazgo en el resto de España".

Entre los compromisos a desarrollar ha destacado en concreto que se continuarán revisando los puestos que se proveen mediante el sistema de libre designación para reconvertir "muchos de ellos" en puestos de concurso específico y ordinario.

Según ha precisado también, la nueva ley crea un marco jurídico "comprensible" y "ajustado" a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y tiene en cuenta las peculiaridades del régimen jurídico de la Administración de Castilla y León. A esto ha añadido que se eliminan cargas administrativas, se avanza en la modernización de la gestión de los recursos humanos, se agilizan los procedimientos, se rebaja el régimen de intervención y se establecen medidas transitorias que garantizan los derechos y el cumplimiento de obligaciones de los empleados públicos.

Así lo ha anunciado el consejero con motivo de su comparecencia a petición propia en la Comisión del ramo para dar cuenta de la gestión de su departamento en el ecuador de la Legislatura un "satisfactorio" 90 por ciento respecto a las 49 grandes líneas de actuación de la Consejería aunque ha rechazado cualquier complacencia y se ha comprometido a seguir trabajando para llegar al cien por cien y para hacer frente a los nuevos retos que surgen.

Ibáñez ha explicado también que se ha sometido a la fase de participación pública una nueva Ley de Cuerpos y Escalas para acompasar el empleo público a las titulaciones surgidas del Plan Bolonia y a la realidad del ejercicio de competencias autonómicas y ha augurado que el nuevo texto será "un paso definitivo" en la modernización de la función pública "con vocación de futuro".

"Trabajamos para poder compartir el texto a finales de este mes y nuestra intención es empezar a negociarlo en el mes de noviembre", ha precisado el consejero que ha informado de que está en negociación el nuevo convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de Castilla y León que espera finalizar en noviembre para proceder a su posterior e "inmediata tramitación".

A esto ha unido que se ha superado ya el trámite de audiencia pública y negociación colectiva del Decreto por el que se regula el acceso de las personas con Discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León, necesario para actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.

Según ha precisado, este asunto se encuentra en el Consejo Consultivo pendiente de informe para su posterior aprobación por parte del Consejo de Gobierno. "Con este nuevo Decreto se actualiza el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, con plena garantía, tanto en el desempeño de las funciones del puesto, como en una mejor adaptación individualizada del mismo", ha aseverado.

Dentro del bloque de la Función Pública, Ibáñez ha hecho especial hincapié en el desarrollo de la evaluación del desempeño y la implantación de la carrera profesional de los empleados. "En esta Administración, el talento y el esfuerzo, como en toda organización que se precie, debe ser reconocido y compensado", ha reivindicado para recordar que el concurso abierto y permanente se resolverá en octubre con la incorporación de los empleados en enero de 2022 --han participado cerca de 5.300 personas, ha precisado--.

También ha significado el "importante hito" que supuso la modificación en marzo de este año de las relaciones de puestos de trabajo para adaptarlas a las actuales necesidades y ha recordado que la Consejería está avanzando en el análisis y actualización de la totalidad de RPTS para identificar necesidades que se abordarán en una mesa técnica con las organizaciones sindicales.

Ibáñez ha augurado que esta herramienta posibilitará el relevo generacional y afrontará el reto de la nueva Administración autonómica de los próximos 20 años. "Confiamos en ultimar en pocas semanas el documento para proseguir los trabajos de análisis con las organizaciones sindicales y que en la primera parte del próximo año podamos tener aprobadas las RPTs", ha comprometido en concreto.

Por otro lado, ha destacado la puesta en marcha de la elaboración de un Decreto por el que se regula el certificado de competencias digitales del personal al servicio de la Junta y ha indicado que se está ultimando el Decreto que regula el teletrabajo en la Administración sobre el que, una vez terminada la fase de negociación, se producirá su debate "mañana mismo" en el Consejo de Función Pública.

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En relación con la captación y retención del talento joven, ha anunciado que en las próximas semanas suscribirá un convenio con las Universidades Públicas de Castilla y León para dar la posibilidad a los más jóvenes de realizar prácticas en la Administración.

Respecto a la Escuela de Administración Pública, se ha referido al nuevo Decreto aprobado por el que se regula la ECLAP y que le atribuye la gestión de la selección de personas que integrarán el empleo público y ha destacado el refuerzo de la formación con la firma de Convenios con las Cortes de Castilla y León y las Instituciones Propias de la Comunidad, para la transferencia del conocimiento.

Finalmente, ha anunciado que antes de que termine el año verá la luz la Comisión Regional de Función Pública, un nuevo órgano superior competente en materia de función pública para obtener las recomendaciones que mejor respondan a las necesidades de la sociedad y a los intereses de las propias administraciones autonómica y local.

"El Gobierno de Mañueco escucha, atiende a las demandas de la Administración y este es un buen ejemplo de ello", ha reivindicado al respecto.