Feijóo y Puy no participan en la votación por entrar en el hemiciclo una vez el presidente del Parlamento ya la había ordenado

El Parlamento gallego ha rechazado tomar en consideración una iniciativa legislativa popular (ILP), defendida por el sindicato CUT, que buscaba reducir la temporalidad en el empleo público. No ha salido adelante por el voto en contra del PPdeG, quien ha defendido que es una materia que es "legislación básica del Estado", mientras BNG y PSdeG se han mostrado a favor.

La encargada de presentar la postura de los populares ha sido la diputada Paula Prado, quien ha abogado por "esperar a que el Gobierno de España legisle sobre la consolidación de empleo en el sector público", toda vez que hay una ley similar que se encuentra en tramitación en el Congreso, para luego poder "aplicar esta normativa en Galicia".

La responsable del área de Empleo Público de CUT, Andrea Estévez, ha intervenido en el pleno para defender la iniciativa y alertar ante los "trabajos precarios y ruinosos" que "acumulan" los interinos de sectores de la Administración gallega, entre ellos sanitarios, docentes y empleados del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.

En este contexto, ha explicado cómo esta central de trabajadores "logró en un tiempo récord y con horas de trabajo militante" reunir las 10.000 firmas necesarias para presentar la ILP en la Cámara autonómica, toda vez que los diferentes gobiernos no "fueron capaces de controlar el mal endémico" del sector público gallego.

"Esta iniciativa es el mecanismo que el Estatuto de Autonomía nos deja para impulsar una ley cuando el Parlamento muestra desidia por los problemas de los ciudadanos", ha lamentado. Con todo, la responsable de CUT ha avanzado que los trabajadores no abandonarán las calles "mientras uno solo" de ellos "siga en condiciones de precariedad".

BNG DENUNCIA QUE NO SE HIZO "NADA" EN 20 AÑOS

Por parte del BNG, Iago Tabarés ha explicado que esta situación es culpa de la "falta de transposición" de normativas europeas "durante 20 años". A esto hay que sumar una conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada en marzo de 2020 que condenaba el abuso de la temporalidad en España.

"¿Y qué hizo el Estado español? Nada. ¿Qué hizo la Xunta? Nada", ha criticado el diputado nacionalista, quien también ha censurado que no se conozcan los datos oficiales sobre la temporalidad en la Administración gallega porque el Portal de Transparencia "no se actualiza desde junio de 2020".

De este modo, la oposición solo ha expuesto los datos que ofrecen las organizaciones sindicales. La diputada del PSdeG Paloma Castro ha cifrado en el 30% la temporalidad en el sector público gallego, cuando la Administración General del Estado tiene "una tasa del 24,3%". En cualquier caso, son cifras "lejos del 8% que recomienda la UE".

Eso sí, la socialista ha destacado que, tras la sentencia del TJUE, el Gobierno de España "entendió como prioritario este problema y llevó a cabo un duro trabajo este año" con el Real Decreto-Ley 14/2021 para reducir la temporalidad del empleo público y la ley que se encuentra en trámite en el Congreso.

Así a todo, aunque el PSdeG ha votado a favor de la iniciativa de la CUT, también ha apostado por "esperar a la tramitación de la legislación estatal".

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"PROBLEMAS DE LEGISLACIÓN BÁSICA DEL ESTADO"

Finalmente, Paula Prado (PPdeG) ha explicado que el 'no' de su grupo, que ostenta la mayoría absoluta, se debe a que el problema de "temporalidad excesiva en el sector público gallego se debe, principalmente, a problemas de legislación básica del Estado".

"En las últimas décadas las leyes presupuestarias estatal imponen tasas de reposición que no permiten cubrir todas las vacantes que se originan", ha asegurado, refiriéndose además al "recorte" impulsado en 2009 por el Gobierno de Zapatero --del 100% al 30%--. A pesar de ello, Prado ha reivindicado que Galicia es la comunidad autónoma "con menor tasa de temporalidad".

El debate de la iniciativa popular ha sido el primero que ha contado con público desde que el arranque de la pandemia. Además, decenas de trabajadores de CUT se han concentrado frente al Pazo do Hórreo para reclamar la aprobación de su propuesta.

FEIJÓO Y PUY, SIN VOTAR

Esta ILP ha quedado rechazada con 39 noes del PPdeG, pero el momento de la votación ha suscitado la polémica en la Cámara y ha generado las quejas de la oposición porque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, han accedido al hemiciclo una vez que ya había sido ordenada por el jefe del Legislativo, Miguel Santalices.

El artículo 85 del reglamento del Parlamento recoge que las votaciones "no podrán interrumpirse por causa alguna". Añade que durante el desarrollo de una de ellas, la Presidencia no concederá el uso de la palabra y "ningún diputado podrá entrar en el salón ni abandonarlo salvo caso de fuerza mayor y con la venia de la Presidencia".

Así, las quejas se han producido con especial intensidad por parte del Grupo Socialista y las ha verbalizado Pablo Arangüena, mientras que Miguel Santalices ha justificado que se mantengan las puertas abiertas durante las votaciones debido a la situación de la pandemia del coronavirus --al igual que ocurre con las de la tribuna, donde este martes volvió a haber invitados a primera hora--.

"Si no, saben ustedes que las mando cerrar de inmediato", ha continuado Santalices, quien ha aclarado, en todo caso, que ni el presidente gallego ni el portavoz podían participar en la votación. "Pero yo no voy a impedir a nadie que entre y se siente", ha esgrimido.

Así, tanto el presidente como el portavoz del PPdeG siguieron la votación desde su escaño, pero no participaron en la misma siguiendo la directriz del jefe del Legislativo.