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Policía destapa un fraude de cinco millones a la Seguridad Social en Galicia

La Policía ha desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la que han investigado a 26 personas como responsables de impagos de cuotas, con especial incidencia en la provincia de Lugo (Galicia), que en total causaron un perjuicio a la Administración de casi 5 millones de euros.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:01

La Policía ha desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la que han investigado a 26 personas como responsables de impagos de cuotas, con especial incidencia en la provincia de Lugo (Galicia), que en total causaron un perjuicio a la Administración de casi 5 millones de euros.

Según ha informado en una nota la Dirección General de la Policía, en el marco de esta operación también se han realizado actuaciones operativas en las ciudades gallegas de Santiago de Compostela, Vigo, Pontevendra y Viveiro y en el municipio leonés de Ponferrada.

La investigación comenzó a mediados de 2017 tras varias denuncias remitidas por la Tesorería General de la Seguridad Social, que ha colaborado en la operación, tras lo que los agentes revisaron y analizaron 12 expedientes de empresas deudoras y acreditaron que éstas estaban implicadas en diversos delitos.

Los presuntos criminales son principalmente los administradores y socios de las empresas, si bien también se ha detectado la implicación de familiares directos y de trabajadores que actuaban como testaferros, bajo la amenaza de perder su empleo.

Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, las empresas ponían en práctica diversas conductas.

Así, los agentes detectaron que las defraudadoras creaban sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que desarrollaba la deudora, o entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparecía en una u otra según conviniese.

En otros casos, también transmitían la titularidad de los bienes entre empresas o empresarios, impidiendo o dificultando, de este modo, su localización a la Administración para eludir el pago de la deuda.

Con todo, a raíz de la elaboración de varios informes patrimoniales de las personas y empresas implicadas, los agentes también acreditaron que habían ocultado diversos bienes para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores.

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