Podemos Castilla y León ha presentado 30 enmiendas parciales a la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León "en aras del consenso y la autonomía municipal", ya que el proyecto presentado "abandona el consenso y la participación" de la Ley de 2013, no se solventan "los problemas de implantación de prestaciones y servicios públicos en el medio rural" y los cambios que se pretenden introducir "no van a paliar el grave de déficit de un modelo territorial racionalizado y eficiente".

"Cambiar la Ley de 2013 para que nada cambie es la metáfora perfecta de lo que lleva haciendo Ciudadanos en más de dos años de Gobierno con el Partido Popular, una política continuista que no soluciona ningún problema", ha criticado la procuradora Laura Domínguez a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La formación morada considera que este es uno de los proyectos de ley de legislatura y que de su aprobación o no "depende que se logre un establecimiento ordenado, eficiente y de calidad" de los servicios en el medio rural.

Por ello han introducido enmiendas para "garantizar" que la educación secundaria o los servicios de extinción de incendios, así como todos los especialistas que se prevén en la cartera sanitaria de Atención Primaria, se presten "en todas las áreas rurales".

"Uno de los déficit claros de la Ley es que no se garantizan estos servicios esenciales", ha explicado Domínguez, quien subraya que tampoco se define claramente "cómo se va a diseñar el transporte público de viajeros, que es la otra gran carencia de esta ley".

Con estas enmiendas Podemos incide en estos aspectos que consideran "irrenunciables" para mostrar su apoyo a la nueva Ley. Por otro lado, el grupo político cuestiona que las diputaciones provinciales tengan las competencias y recursos para realizar los mapas provinciales, algo que creen que debe seguir recayendo en las delegaciones territoriales, "tal y como se consensuó en 2013".

En definitiva, Podemos Castilla y León entiende que la modificación propuesta "es claramente insuficiente y peor que la de 2013, cuyo máximo problema ha estado en la no aplicación de la misma". "No necesitábamos una nueva Ley sino garantizar que se cumple la que hay", ha concluido la procuradora.