Podemos ha solicitado al juzgado de Cartagena (Murcia) que investigaba el ataque perpetrado contra su sede en esa localidad en abril que derive la causa a la Audiencia Nacional ya que el joven neonazi imputado es investigado por otro ataque similar en un pueblo de León y puede tratarse de un delito de terrorismo.

Se trata de un recurso presentado por Podemos, al que ha tenido acceso Efe, contra el auto dictado el pasado 4 de noviembre por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, en el que se acordaba la inhibición en los juzgados de León porque el investigado perpetró un ataque contra la sede Izquierda Unida en la localidad leonesa de San Andrés de Rabanedo el pasado verano, por el que fue arrestado en noviembre.

El detenido por ambos hechos es F.S.M., un joven de 20 años neonazi residente en Cartagena que fue arrestado como autor de ambos ataques varios meses después de que fueran perpetrados, según informaron fuentes de la investigación.

Ahora Podemos ha presentado un recurso en el que destaca que se trata de un miembro del grupo de extrema derecha Bastión Frontal y existen "pruebas incriminatorias de la participación del investigado" en ambos hechos, por lo que su conducta encaja con el artículo 573 del Código Penal: delito de terrorismo.

"El móvil del delito no solo se basa en una cuestión de odio hacia una ideología democrática por parte de miembros de extrema derecha, toda vez que se atacan las sedes de dos partidos miembros de Unidas Podemos y pertenecientes al Gobierno de España, sino que los ataques tienen una clara intención de desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado y de alterar gravemente la paz pública", argumenta en este sentido.

Detalla el escrito que, además de en los ataques a las sedes de Podemos y de IU, el joven investigado participó, según las pesquisas policiales, en los graves disturbios y agresiones a policías ocurridos en Murcia capital los días 31 de octubre y 1 de noviembre pasados, donde se usó material pirotécnico que también se utilizó en el ataque a la sede de Podemos en Cartagena.

Por esos tres incidentes ocurridos a lo largo de diez meses se le podrían imputar los delitos de desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio, y atentado a agente de la autoridad, además de un delito de odio del artículo 510 del Código Penal, señala el recurso, que destaca la peligrosidad del imputado, al que se le intervinieron en su casa "833 archivos aproximadamente de carácter fascista, racista o xenófobo".

Además considera Podemos que se le puede imputar delito de organización criminal y de terrorismo.

El coordinador de Podemos Murcia y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, ha explicado que "el atentado a la sede de Podemos Cartagena no es puntual: ya estaba en el punto de mira de la extrema derecha con pintadas, rotura de cristales y amenazas a militantes de la formación"

"Y, en ese contexto, el atentado de abril tenía la clara intención de amedrentar a una organización democrática, como demuestran las conversaciones encontradas en el teléfono móvil del investigado. Si a eso sumamos que el mismo autor habría atentado también en una sede de IU en León todo señala a una extrema derecha que está pasando de lo discurso de odio a la violencia organizada", añade en un comunicado.

Por su parte Ángel Luis Hernández, secretario de Organización de Podemos Murcia, ha manifestado que "ante los indicios de que los hechos investigados pueden suponer una tipificación como organización criminal que opera en varias provincias de forma organizada para desestabilizar al Gobierno, entendemos que lo procedente sería que la instrucción fuera continuada por la Audiencia Nacional".