Urge a crear un procedimiento de rechazo que respete derechos humanos y garantice una "acogida digna"

Unidas Podemos ha asegurado que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la llamada 'Ley Mordaza', "no avala las devoluciones en caliente, tal y como hoy se conocen" y que el "Gobierno debe tomar buena nota de ello".

Por tanto, urge al Gobierno a crear un procedimiento de rechazo de migrantes que respete los derechos humanos y garantice una "acogida digna" de las personas que lleguen a suelo español.

Así lo ha indicado a Europa Press fuentes de Unidas Podemos tras conocer que el alto tribunal determina la constitucionalidad de la polémica normativa, incluido el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla --siempre que se respeten las garantías legales--, salvo en lo tocante a las grabaciones "no autorizadas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del TC, Juan José González Rivas, desestima la mayoría de las impugnaciones del recurso de inconstitucionalidad presentado por 97 diputados del PSOE; 11 de Izquierda Plural y Chunta Aragonesista; 4 de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y 2 del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.

Desde la formación morada han destacado que el TC "condiciona" la constitucionalidad de los rechazos en la frontera en las vallas de Ceuta y Melilla a que se realicen de acuerdo a los tratados internacionales que España ha ratificado y a que se evalúe el caso individual de cada una de las personas rechazadas para poder identificar a menores de edad, víctimas de trata o solicitantes de asilo.

Con esa perspectiva, Unidas Podemos considera que el Gobierno "debe elaborar con urgencia un procedimiento de rechazo que permita analizar cada caso, respetar los derechos humanos en las fronteras y dar una acogida digna a las personas recién llegadas".

Por tanto, el "procedimiento de abrir la puerta de la valla y devolver a la gente a Marruecos no está avalado por el alto tribunal y el Gobierno debe tomar buena nota de ello".