Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley para blindar la celebración anual del debate sobre el estado de la nación, que no se celebra desde 2015, que se haría mediante una reforma del Reglamento del Congreso para evitar que dependa de la discrecionalidad del Gobierno.

De esta manera, sería obligado que el debate de política general tuviera lugar todos los años, una cita pendiente desde hace más de seis años, debido al encadenamiento de varias elecciones generales más las restricciones impuestas por casi dos años de pandemia.

La propuesta de reforma del Reglamento que plantea Cs, según explica en la iniciativa legislativa, incorpora las dos posiciones "doctrinales" que existen sobre la conveniencia de regular expresamente este debate.

Consagrar la obligatoriedad de la celebración de este debate y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad en la configuración de su desarrollo es lo que se propone la presente reforma reglamentaria.

De esta manera, Ciudadanos propone incorporar un nuevo título al Reglamento, en el que hace constar que el debate sobre el estado de la nación se celebrará anualmente y, como regla general, en el primer Pleno correspondiente del primer período ordinario de sesiones (de septiembre a diciembre).

Excepcionalmente, y en el supuesto de que en el mismo año natural se hubiesen celebrado elecciones generales o se hubiese producido la investidura del presidente del Gobierno, el debate, según la iniciativa, podrá tener lugar en cualquier fecha dentro del primer periodo ordinario de sesiones.

Sobre el desarrollo del debate, la proposición del grupo naranja señala que la ordenación del debate se acordará por la Mesa, oída la Junta de Portavoces y atendiendo principalmente a los usos parlamentarios.

El partido de Inés Arrimadas quiere además que este debate se celebre cuanto antes teniendo en cuenta los acontecimientos "de enorme trascendencia" que han afectado a la vida pública española, marcados sobre todo por los casi dos años de pandemia, y el hecho también destacado para Cs de que el Gobierno haya aprobado los últimos dos presupuestos "de la mano de fuerzas separatistas", como Bildu y ERC, "tejiendo una alianza con la que se disponen a determinar el futuro de 47 millones de españoles".