La fiscalía de Tarragona pide seis años de cárcel a una funcionaria acusada de defraudar 100.000 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), un caso que se juzgará con jurado popular en la Audiencia tarraconense.

Según el escrito del Ministerio Público, la acusada falseó facturas y documentos médicos para que su hija cobrara unas ayudas a las que no tenía derecho.

El ministerio público acusa a la mujer de un delito continuado de malversación de dinero público, en concurso con un delito continuado de falsedad de documento público, y pide, además de seis años de cárcel, una multa de más de 4.200 euros e inhabilitación durante seis años.

La funcionaria es una auxiliar administrativa quien, en el año 2009, gestionaba las ayudas del seguro escolar de neuropsiquiatría.

Además de beneficiar a su hija, la acusada también habría falseado facturas para aumentar las prestaciones a cinco familias más.

El fiscal acusa, además, a dos madres de estas cinco familias como cooperadoras necesarias y les pide cuatro años de prisión, así como 2.700 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para un puesto de trabajo o cargo público.

La prestación que se concedió irregularmente cubre el ingreso en centros sanitarios y la asistencia psiquiátrica durante seis meses prorrogables hasta dieciocho mees.

Para cobrarla, hay que presentar las facturas de los servicios, previo informe médico y un certificado del centro y, al parecer, la procesada modificó un informe médico real poniendo el nombre de su hija y aportó facturas auténticas, pero cambiando el nombre del beneficiario real por el de su hija.

De este modo, hasta el año 2011, la funcionaria habría obtenido fraudulentamente 33.000 euros.

Por otra parte, también infló facturas de otras cinco familias, que tuvieron que devolver lo percibido irregularmente.