La Asociación de Fiscales ha pedido a la Fiscalía que averigüe si la Generalitat ha accedido indebidamente a ordenadores de jueces y fiscales, un asunto que ya está investigando el Poder Judicial y que el Departamento de Justicia catalán niega.

El pasado jueves, el Consejo General del Poder Judicial decidió investigar estos hechos después de que varios jueces comunicaran que en sus ordenadores había aparecido un mensaje de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat en el que les informaba de la posibilidad de acceso a sus equipos para llevar a cabo labores de "control y seguimiento".

Ahora, la asociación mayoritaria en el sector urge a la Fiscalía a que actúe para averiguar si se ha vulnerado el derecho a la intimidad de los jueces y fiscales, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales, según informa en un comunicado.

En un escrito remitido a la Fiscalía, la asociación expresa su "profunda preocupación y malestar" dado que los ordenadores de jueces y fiscales "contienen información reservada y relevante, así como datos personales objeto de especial protección".

Y le pide que realice las "oportunas gestiones para averiguar estos hechos" y que exija al gobierno catalán "que se abstenga de realizar conductas que puedan suponer una injerencia en el derecho al entorno digital de fiscales y jueces".

También reclama al Ministerio de Justicia la implantación de un nuevo sistema informático único y común para jueces y fiscales "que esté libre de toda injerencia de los poderes públicos y dotado de los adecuados mecanismos de protección".

Tras conocerse las diligencias de investigación del CGPJ, un portavoz del Departamento de Justicia de la Generalitat negó rotundamente a Efe que la conselleria haya intentado acceder a información reservada, y enmarcó los hechos en una campaña que pretende recordar a todos los trabajadores de la Generalitat que los equipos informáticos son para uso estrictamente laboral.

Por el momento, el CGPJ ha requerido a la Generalitat para que suspenda provisionalmente "toda actividad de inspección, control o seguimiento sobre tratamientos jurisdiccionales" y para que, en el plazo de quince días, "informe de manera pormenorizada de todos los accesos que se hayan llevado a cabo en Juzgados y Tribunales de Cataluña".