Dos jóvenes que acusan a un ertzaina de detención ilegal han pedido este miércoles al tribunal que juzga el caso que no lo condene a prisión y que le sustituya la posible pena de cárcel que han demandado inicialmente por medidas como la lectura de un "manual sobre prácticas socialmente responsables".

Ambos jóvenes, representados como acusación particular en esta vista por el letrado Aiert Larrarte, piden tres años de cárcel y seis de inhabilitación para el agente, como pena mínima contemplada en el Código Penal por el delito de detención ilegal, con una rebaja de dos grados.

Sin embargo, su abogado ha advertido al tribunal de que la intención de sus clientes no es "hacer sangre" pues, según ha dicho, no pretenden "que nadie vaya a la cárcel" o "pierda su trabajo", porque no han acudido a este juicio "a la guerra".

Los hechos enjuiciados sucedieron la mañana del 2 de junio de 2016, cuando diversas dotaciones de la Ertzaintza, incluida la Brigada Móvil, acudieron en apoyo de la Guardia Municipal de San Sebastián en el contexto de una ocupación de la vía pública por unas 35 personas que mantenían una acampada en contra de la incineradora desde días atrás en la plaza de Gipuzkoa.

Durante esta actuación policial, tuvo lugar una concentración no convocada que llevó al agente acusado a pedir en reiteradas ocasiones a los responsables de la protesta que se identificaran para tramitar una sanción administrativa, a lo que los reunidos se negaron, por lo que, tras sentarse en el suelo y entrelazar los brazos, dos de ellos tuvieron que ser "extraídos" del lugar por los agentes de la Brigada Móvil.

A partir de este momento, las versiones difieren ya que, mientras los ertzainas sostienen que estas dos personas se resistieron de forma pasiva y mantuvieron su negativa a identificarse hasta que fueron detenidos, los dos jóvenes mantienen que aprovecharon la última oportunidad que les brindaron los agentes para mostrarles sus DNI voluntariamente.

En su alegato, el abogado de los demandantes ha planteado que se impongan otro tipo de medidas al agente en lugar de cárcel, ya que "no se trataría tanto de buscar culpables, sino de encontrar responsables que se hagan cargo de la situación e intenten reparar el daño causado".

"Conocemos de cerca lo que es la cárcel, tenemos amigos en prisión. Entendemos que nada podría arreglar esta situación para el acusado. Creemos que la prisión sería algo mirando al pasado y tenemos que mirar al futuro y ofrecer otro tipo de soluciones", ha incidido este letrado, defensor habitual de personas detenidas por pertenencia a ETA en la Audiencia Nacional.

Previamente, había retirado la acusación contra un segundo agente, compañero del primero, quien ha quedado absuelto en el mismo acto del juicio oral después de que la Fiscalía confirmara su intención de no formular acusación alguna contra ninguno de los policías, al no apreciar indicios de delito en su conducta.

Los jóvenes, por el contrario, han mantenido sus reclamaciones de cárcel e inhabilitación para uno de los ertzainas, aclarando a través de su abogado que eran partidarios de suspender la eventual condena de prisión si el policía cumplía una serie de "requisitos" como la lectura de dos manuales y el visionado de unas grabaciones sobre la dinámica organizadora de la acampada en la que sucedieron los hechos.

Por su parte, la defensa de los dos agentes procesados ha afirmado que la actuación de los ertzainas estuvo amparada por "la más absoluta legalidad" y fue "conforme a derecho".