La Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla ha solicitado una pena de 26 años de prisión,10 de inhabilitación y una multa de 6 millones de euros para el exviceconsejero de Vivienda de Ceuta Antonio López, como principal cabecilla de una red de adjudicación ilegal de viviendas de protección oficial.

El escrito de acusación del conocido caso Emvicesa (Empresa Municipal de la Vivienda) sentará en el banquillo de los acusados a 54 investigados que serán juzgados por hasta ocho delitos.

Se trata de una presunta organización criminal destinada a la adjudicación de viviendas de protección oficial sin pasar por los pertinentes procedimientos administrativos.

Para el presunto cabecilla de la organización, Antonio López Fernández, gerente de Emvicesa y viceconsejero de Vivienda desde julio de 2013 hasta junio de 2015, la Fiscalía pide 6 años de prisión por falsedad de documentos, otros 6 años por cohecho continuado y 8 más por organización criminal.

Además, le piden 6 años de prisión y una multa de 5.935.963 euros por blanqueo continuado de capitales.

La Fiscalía también pide una pena de 11 años de prisión para la exconsejera de Fomento del Gobierno ceutí Susana Román (PP), 5 años de prisión para la exconsejera de Asuntos Sociales Rabea Mohamed (PP), y otros 5 para Mohamed Alí, actual diputado en la Asamblea de Ceuta por el partido Caballas.

El juicio también sentará en el banquillo a cinco trabajadores del departamento comercial de Emvicesa y a Jesús María G.B., entonces diputado de la Ciudad Autónoma de Ceuta y gerente del PP, para quien la Fiscalía pide dos años por el delito de tráfico de influencias.

Para los 44 acusados de realizar pagos para acceder ilegalmente a una de las viviendas de protección oficial por el delito de cohecho se solicita una pena de 3 años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros e inhabilitación de 6 años para obtener subvenciones y ayudas públicas.

El escrito de acusación señala que Antonio López articuló un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas por el que los adjudicatarios serían terceras personas que previamente le habrían pagado entre 6.000 y 20.000 euros, en unas ocasiones directamente a él mismo y en otras mediante intermediarios, y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación .