El PP pide que el Congreso disponga de un Registro Público obligatorio en el que se inscriban los grupos de interés o 'lobbys' que mantienen encuentros con diputados o personal de los grupos parlamentarios, con el fin de avanzar en la transparencia del trabajo legislativo y evitar posibles presiones.

El Congreso debatirá próximamente dos propuestas de reforma del Reglamento de la Cámara Baja -registradas por el PP y por el PSOE- para que se incorpore un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés.

La propuesta del grupo popular, a la que ha tenido acceso EFE, insta a la creación de un registro público de carácter obligatorio para los grupos de interés y pide cumplir con un código de conducta "al que deben someterse con plena publicidad y transparencia sobre las actividades que realizan en la Cámara".

Habitualmente los grupos parlamentarios se reúnen con asociaciones, organizaciones, sectores o entidades para escuchar sus propuestas y poder desarrollar mejor sus iniciativas legislativas.

Con este registro público todos estos encuentros quedarían recogidos detalladamente ya que los grupos de interés deberían aportar no solo sus datos personales, como nombre, apellidos o direcciones postales, sino también sus intereses y objetivos así como las copias de la documentación que trasladen a los diputados.

No obstante, podrían solicitar que la información que se entregue en el registro sea reservada por motivos económicos y comerciales, por secreto profesional, o ante casos de propiedad intelectual o industrial. En este caso la presidencia del Congreso con el parecer favorable de la Mesa y la Junta de Portavoces evaluaría la conveniencia de la reserva para garantizar que no fuera pública.

Los grupos de interés deben dejar claro en el registro a qué clientes representan y con quién se reúnen y no pueden dar a entender que tienen una relación formal ni personal con los diputados "para no inducir a error a terceros o a parlamentarios".

Estos grupos asumirían que no realizarán actos con ánimo de lucro con la documentación obtenida del Congreso, salvo si es pública, y que no incitarían a infringir normas y reglas a los diputados.

"Respetarán, cuando empleen a personas que hayan sido cargos públicos o su personal, la obligación que tienen dichas personas de cumplir las normas y las exigencias en materia de confidencialidad e incompatibilidad que les son aplicables", también indica la proposición de reforma del Reglamento del Congreso que plantea el PP.

El texto además define en su artículo 107 bis la consideración de grupos de interés como "personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes".

Por otra parte, encomienda a la Presidencia del Congreso, con apoyo de la Secretaría General, a supervisar la aplicación de esta normativa y verificar que los datos del registro son correctos para poder permitir el acceso de estas asociaciones, organizaciones o entidades al Congreso.

En caso de incumplimiento del código ético, el denominado 'lobby' no podrá acceder a la Cámara Baja durante el periodo que decida la Mesa del Congreso en función de la gravedad de la infracción.

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Asimismo este Registro Público obligatorio se podría coordinar con los registros de otras instituciones.

Por último para cada procedimiento legislativo se crearía un expediente de huella legislativa que recogería todos los cambios ocurridos durante el proceso de la tramitación de la ley, y se incluirá también la información aportada por los grupos de interés durante dicha tramitación.

El PP argumenta con su proposición que es necesario "aumentar la transparencia y la ética en el parlamentarismo" con el fin de mejorar el proceso legislativo, "siempre partiendo de la premisa que la actuación del 'lobby' es legítima y constituye un mecanismo de actuación de la sociedad civil para participar en las políticas públicas".

Inciden en que el Reglamento del Congreso ya se modificó en 1982 y enmarcan esta iniciativa en la responsabilidad que también han asumido los diputados para hacer públicos sus bienes, patrimonios o intereses económicos así como en la Ley de 2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.EFE