Ciudadanos quiere establecer por ley la obligación de honrar a las víctimas del terrorismo con varias medidas, entre ellas obligar a los ayuntamiento a colocar placas conmemorativas en los lugares donde hubo atentados, con multas de hasta 150.000 euros en caso de incumplimiento.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha presentado hoy una proposición de ley de "Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo" que contiene un amplio paquete de preceptos cuyo propósito último es "proteger mejor" a este colectivo, ha destacado.

Además de procurar el "recuerdo y honra" a la memoria de las víctimas, especialmente las de ETA, la iniciativa propone multas de entre 50.000 y 250.000 euros para quienes promuevan actos de enaltecimiento del terrorismo.

Se impondrían en su máxima cuantía cuando exista el ánimo de ocasionar "un perjuicio o un descrédito, menosprecio o humillación" a estas personas.

Villegas ha justificado la obligación de darles mayor protección porque se trata de un colectivo que constituye "un referente ético" para la sociedad española y la democracia.

Así, ha denunciado que actualmente existen "víctimas de primera y de segunda" a la hora de percibir más o menos indemnización en función de que haya o no sentencia condenatoria sobre su caso, una injusticia que el grupo de Ciudadanos quiere corregir con esta ley.

Por ello, plantea equiparar en un plazo de dos años las indemnizaciones percibidas cuando no hay responsable establecido judicialmente con las que reciben las víctimas en caso de que la responsabilidad se hubiese fijado en sentencia firme.

"No puede haber víctimas de primera y de segunda", ha subrayado Villegas, quien ha hecho hincapié en la discriminación que supone que algunas sufran especialmente "por la ineficacia del Estado en la resolución de su caso".

Además de reconocer una serie de derechos a las víctimas como el relativo al esclarecimiento de todos los crímenes, la resolución de los asesinatos impunes o la obtención de una declaración de "reparación y reconocimiento personal", la proposición establece varios deberes que afectan a ayuntamientos e instituciones.

Así, los consistorios estarían obligados a colocar placas conmemorativas en los lugares donde se produjeron atentados, y el Gobierno a elaborar un "catálogo" de "lugares de la memoria".

Las administraciones educativas tendrían que incorporar a los currículos de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y FP contenidos sobre las actividades terroristas, especialmente de ETA.

Se obligaría además a celebrar actos de homenaje y los ayuntamientos tendrían que incorporar a sus respectivos callejeros los nombres de las víctimas oriundas de la localidad, prohibiendo al mismo tiempo que las calles lleven nombres de terroristas.

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Las infracciones previstas para el incumplimiento de estos preceptos acarrearían multas de 2.000 a 150.000 euros.

Entre los aspectos más novedosos de la iniciativa de Cs figura también el reconocimiento como víctimas a quienes tuvieron que desplazarse forzosamente de sus hogares por la presión del terrorismo, como ocurrió en el País Vasco cuando ETA actuaba.

Y también la nulidad de cualquier resolución política relativa a abusos policiales como, ha explicado, las "comisiones políticas" que se han creado en el Parlamento Vasco.