Las competencias de la Mesa de la Diputación están muy limitadas y sólo una "inconstitucionalidad flagrante" podría parar el decreto

El Congreso ha pedido un informe jurídico sobre el decreto ley que amplía los permisos de paternidad ante las dudas de constitucionalidad planteadas por Ciudadanos. La norma, cuya entrada en vigor está programada para el 1 de abril, no ha podido ser calificada por la Mesa de la Cámara, que volverá a reunirse este jueves para examinar el dictamen de los letrados.

Según ha explicado el representante de Ciudadanos en la Mesa del Congreso, Nacho Prendes, el decreto ley del Gobierno alega que modifica la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la legislación prohíbe que las leyes de rango orgánico puedan ser modificadas por una norma extraordinaria como el decreto ley.

En concreto, el artículo uno del decreto ley recoge la modificación de dos artículos de esta norma en lo referente a la elaboración de planes de igualdad por parte de las empresas.

NO TODOS LOS ARTÍCULO DE UNA LEY SON DE RANGO ORGÁNICO

Por un lado, cambia el artículo 45 para extender hasta las empresas de cincuenta trabajadores o más la obligatoriedad de negociar y aplicar estos planes. Hasta ahora, sólo era imperativo para las compañías de más de 250 empleados, mientras que en el caso del resto era una iniciativa opcional.

Además, hay modificaciones en el artículo 46 para la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, dependiente de la Dirección General de Trabajo, en el que deben quedar registradas todas las compañías con este programa. Y se recoge el desarrollo de un reglamento que servirá para determinar las materias, las auditorías salariales y los sistemas de evaluación y seguimiento de los planes de empresas, así como lo relativo a la constitución, características y condiciones, inscripción y acceso al nuevo registro.

Los letrados deberán examinar si esos cambios afectan al carácter orgánico de la Ley de Igualdad o sólo se refieren a aspectos ordinarios de la norma, y al final emitirán un dictamen cuyas consecuencias hoy no están claras. Según Ciudadanos, el decreto podría decaer si los letrados concluyen que hay una clara inconstitucionalidad, mientras que desde el PSOE alegan que es imposible que la Mesa de la Cámara impida la tramitación.

SI HAY DUDAS, QUE RESUELVA EL TC

Fuentes parlamentarias precisan a Europa Press que sólo una inconstitucionalidad flagrante podría llegar a parar el tramite de la convalidación del decreto ley, ya que las competencias de la Mesa de la Diputación Permanente están muy limitadas.

A priori, el criterio es que, si hay dudas de interpretación que exigirían muchas explicaciones, la constitucionalidad o no de una norma no la debe resolver el Congreso, sino el Tribunal Constitucional, que es el órgano adecuado para ello. Y los grupos siempre pueden recurrir al TC.