Los peritos que declaran en el juicio de los ERE a petición del expresidente de la Junta José Antonio Griñán han culpado hoy a la Intervención de la Junta de no poner en marcha el "control financiero de subvenciones" al que la ley les habilita y actuar "ante irregularidades" deduciendo responsabilidades de éstas.

Así lo han defendido los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez, autores de un informe pericial solicitado por la defensa de Griñán y el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, después de que el perito estatal Ángel Turrión subrayara que "es imposible" fiscalizar un acto administrativo en el que se compromete una ayuda "si el órgano gestor no pasa al interventor un expediente de gasto".

Cuando el profesor Zornoza ha insistido en que "todos los actos que den lugar a un reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico deben de ser objeto de control", el juez le ha preguntado "de qué manera se puede fiscalizar algo de lo que no hay ninguna constancia" contable por cuanto no se emite expediente de gasto en el momento de la concesión de ayuda en Empleo, sino cuando la paga la empresa pública IDEA, donde el control es a posteriori.

Zornoza ha insistido en que la competencia del control es de la Intervención y su colega Martínez ha añadido que es también su responsabilidad "establecer las pautas para que puedan registrarse" las obligaciones de gasto en una base de datos de subvenciones, pero "si se crea esa base y no se explota o no se pone en funcionamiento real no hay que buscar nada más que las responsabilidades en sus obligaciones legales".

"El control financiero de subvenciones habría deparado que los interventores pudiesen realizar actuaciones en relación a las irregularidades, lógicamente deduciendo las responsabilidades de quien en ello incurriera", ha añadido Martínez.

Desde la IGAE, el profesor Turrión ha alegado que en el caso ERE se generaron obligaciones de ayudas por encima del crédito del que disponía la Dirección General de Trabajo cada año, algo que "si se sigue el procedimiento administrativo habitual no hubiera podido suceder, pero al margen de cualquier procedimiento sí".

Ello generó un "desfase presupuestario" en la Consejería de Empleo, no en la agencia pública IDEA (las acusaciones sostienen que sí) porque en este ente "no se produce ningún gasto como consecuencia de los compromisos" de la Dirección de Trabajo, "sólo pagaba" cuando ésta le enviaba las transferencias de financiación.

En la sesión de tarde el fiscal también ha preguntado a los peritos si las ayudas de los ERE eran subvenciones y qué normativa reguladora les era aplicable.

"Radicalmente sí eran subvenciones y tiene que aplicarse la normativa de subvenciones", ha respondido el experto de la IGAE Ángel Turrión, quien además ha señalado que de las 270 concedidas por la Junta del 2001 al 2010 con cargo al programa sociolaboral "el 70% son ayudas a empresas que no tienen la mas mínima relación con la tramitación de ERE o planes de jubilación" y su "casuística es enorme".