El perito de la Intervención General del Estado Ángel Turrión ha dicho hoy en el juicio del caso ERE que tras "el cúmulo de irregularidades" expuestas por el interventor general de la Junta de Andalucía al analizar los expedientes de las ayudas, "obviamente el menoscabo" a fondos públicos es posible.

"No quiero decir que lo haya, pero riesgo hay", ha precisado Turrión en respuesta al Fiscal.

Fiscalía y acusaciones sostienen que este peligro debiera haber obligado a la Intervención de la Junta -cuyo máximo responsable Manuel Gómez es uno de los 22 ex altos cargos acusados de prevaricación y malversación- a elaborar un informe de actuación que no se redactó pese a las deficiencias manifestadas en sucesivos informes.

La ausencia de ese informe que hubiera llevado a paralizar las ayudas es el argumento de varios ex altos cargos para defender que no hicieran nada, al señalar que la Intervención sólo alertó de deficiencias administrativas pero no de riesgo para las arcas públicas.

En la sesión de hoy, en la que ha continuado la prueba pericial conjunta, los expertos en Derecho Administrativo y Hacienda del Estado -cuyo informe es la prueba clave de la acusación- y los propuestos por varias defensas han vuelto a debatir sobre si las ayudas a los ERE son subvenciones y, por tanto, debían cumplir la Ley de Subvenciones que exige su fiscalización previa (omitida) o si se podía usar al ente público IFA (luego IDEA) como "caja pagadora".

El fiscal ha instado a los peritos estatales a comparar ayudas pagadas con fondos de la Junta con las ayudas extraordinarias a prejubilaciones financiadas con fondos estatales y reguladas en una orden ministerial de 1994, para preguntarles si se exigían los mismos requisitos y había igual seguimiento y control, a lo que Turrión ha contestado que no.

Además ha señalado que el importe medio percibido por los trabajadores en ayudas financiadas por el Estado se elevaba a 36.139 euros y el concedido por la Junta a "66.401, casi el doble".