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JUICIO PERROS

Penas de menos de 2 años de cárcel para los juzgados por peleas de perros

El macrojuicio a 23 procesados por integrar una red que organizaba peleas ilegales de perros, a los que maltrataban y dopaban, se ha saldado con una sentencia que no conlleva que ninguno entre en prisión: los dos veterinarios son absueltos y los 21 condenados lo son a menos de dos años de cárcel.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 12:59

El macrojuicio a 23 procesados por integrar una red que organizaba peleas ilegales de perros, a los que maltrataban y dopaban, se ha saldado con una sentencia que no conlleva que ninguno entre en prisión: los dos veterinarios son absueltos y los 21 condenados lo son a menos de dos años de cárcel.

La sentencia de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso Efe, absuelve los dos veterinarios acusados de colaborar con el grupo criminal porque no queda acreditado que conocieran el estado de los animales ni suministraran sustancias dopantes, y condena a los otros procesados: a 19 conforme acordaron al inicio del juicio, hasta a 23 meses de cárcel, y a los dos que no llegaron a acuerdo a 18 y a 9 meses de cárcel, respectivamente.

El macrojuicio comenzó el pasado 7 de marzo, tras dos aplazamientos por la dificultad para citar a todos los procesados y sus letrado, transcurrió entre suspensiones de algunas vistas por diferentes motivos y acabó en mayo.

La Fiscalía pedía para los acusados entre siete años y cuatro meses, y tres años y cuatro meses de prisión, por los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos en el caso de un policía municipal de Adeje (Tenerife) encausado.

La petición de estas altas penas hizo que 19 de los 23 encausados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía al inicio del juicio por el que reconocían los hechos y se les rebajaban las pena de cárcel solicitadas, que quedarían en menos de dos años de prisión, de manera que no entrarían en la cárcel.

Dos veterinarios -para los que se pedían tres años de cárcel y tres de inhabilitación- y otros dos acusados -uno de los cabecillas y su hija- no se adhirieron al acuerdo, los primeros asegurando que no sabían del entramado ilegal, como acuerda la sentencia, y los otros dos reconociendo los hechos pero solicitando su letrado la absolución.

Así el caso se "desinfló" y se eliminaron varias de las sesiones previstas, aunque quedaba por solventar la responsabilidad civil de cada cual.

En la sentencia conocida ahora, se considera a los 21 procesados condenados autores de un delito de maltrato animal continuado, en ocasiones con resultado de muerte, y de un delito de pertenencia a grupo criminal, descartando el de organización criminal.

Además el policía municipal de Adeje (Tenerife) encausado se le atribuye un delito de omisión de la obligación de perseguir delitos, de manera que es condenado a un total de 22 meses y 20 días de prisión y a inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de 5 años.

Uno de los cabecillas de la trama, Rafael Rubio, que no llegó a acuerdo, es condenado a 18 meses de cárcel, mientras que su hija, que tampoco concilió con la Fiscalía, es condenada a nueve meses.

Para los otros condenados se fijan entre 18 meses de cárcel y 22 meses y 20 días, en la mayoría de los casos con la prohibición de trabajar con animales durante varios años.

En cuanto a la responsabilidad civil, se detalla que tres de los acusados -Rafael Rubio, su hija y Víctor G.C.- tienen que indemnizar conjunta y solidariamente con 12.112 euros a la asociación Salvando Ángeles Sin Alas, personada en la causa y que se hizo cargo de lo muchos de los animales heridos.

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A otros acusados se les condena también a indemnizar a ese colectivo, en menor cantidad.

Según la Fiscalía, la organización desarticulada en febrero de 2017 criaba a perros potencialmente peligrosos a los que adiestraba para ser más agresivos y proporcionaba sustancias dopantes como testosterona para enfrentarlos en peleas en las que resultaban "muertos o gravemente heridos".

La red operaba a nivel nacional, local y regional, detectándose grupos en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, que estaban "interconectados" y tenían ramificaciones a nivel internacional.

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