Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogadas y Abogadas de Izquierdas han anunciado que recurrirán el rechazo del Tribunal Supremo a reabrir la querella que interpusieron contra el rey emérito y otras personas a raíz de una conversación entre Corinna Larsen y el excomisario José Villarejo.

Descontentos con la decisión del alto tribunal que catalogan de "cerrojazo judicial", las organizaciones presentarán un recurso de súplica ante la Sala, según han anunciado en un comunicado.

Como hizo en 2018, el Supremo ha rechazado admitir a trámite la ampliación de querella presentada por estas organizaciones y Òmnium Cultural contra Juan Carlos I y otras personas por delitos relacionados con el presunto cobro de comisiones ilegales y con cantidades no declaradas a Hacienda.

Según la Sala, las querellas reproducen informaciones de prensa y para abrir una causa penal se precisa "algo más", porque "los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito".

Las nuevas querellas, señala el auto, se apoyan en informaciones acerca de la apertura en 2020 de una investigación "inicialmente archivada" en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo y en el que consta esa conversación con Larsen, y sobre la investigación que la Fiscalía abrió al rey Juan Carlos.

Izquierda Unida y el PCE consideran que la decisión del Supremo no está suficientemente motivada y critican que el Supremo alegue "que el conocimiento de hechos criminales por los medios de comunicación no es suficiente para la apertura de una investigación judicial".

Cuestionan que el tribunal renuncie a "su propia capacidad investigadora" en favor de la Fiscalía, que mantiene abiertas tres diligencias de investigación al rey emérito, que no están judicializadas y que los querellantes califican de "opacas", al tiempo que critican que el Supremo "obvie toda referencia a la aplicación de la inviolabilidad" del rey emérito en su auto.

"La acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular", decía el auto del Supremo. EFE