Más de un centenar de organizaciones, entidades y varias ONG, así como Unidas Podemos, ERC, la CUP, Compromís y Més Per Mallorca han firmado un manifiesto que reclama la libertad de la cooperante Juana Ruiz Sánchez, detenida por el ejército israelí el pasado 13 de abril y urgen al Gobierno a que presione para conseguir la liberación cuanto antes.

El manifiesto, al que se han sumado ya casi 5.000 personas y 91 personas públicas -entre activistas de derechos humanos, representantes de sindicatos, diputados y senadores-, exige al Estado de Israel el respeto al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de la población palestina.

"La inmediata liberación de Juana Ruiz y del resto de las personas detenidas de la organización HWC", puntualiza al tiempo que urge al Gobierno español "que tome cartas en el asunto y presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato".

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, avanzó ayer que el Gobierno está en contacto con las autoridades israelíes y les ha exigido mejorar las condiciones en las que se encontraba mientras que una corte militar israelí estudiará hoy el recurso de apelación contra la extensión del arresto de la trabajadora humanitaria española.

Juana Ruiz fue detenida hace dos semanas y trabaja desde hace décadas como coordinadora de proyectos de los Comités de Trabajos para la Salud, una ong palestina que provee ayuda a la población en materia de salud y desarrollo al mismo tiempo que lucha por sus derechos.

Según informó un portavoz militar a Efe, sospechan que desde su empleo como trabajadora humanitaria participó en un presunto plan de lavado de dinero que ayudó a financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un grupo político considerado terrorista por Israel.

El manifiesto impulsado por 114 organizaciones y asociaciones asegura que "Juana ha sido arbitrariamente detenida y encarcelada... sin que medie ningún cargo concreto, con el argumento de que debe ser interrogada" y considera "que es imposible que los proyectos financiados por la cooperación en nuestro país puedan tener ningún viso delictivo".

Los firmantes argumentan que la cooperación española, mayoritariamente pública, obliga a la realización de las actividades previstas y la justificación completa de la financiación de los diferentes proyectos que se han llevado a cabo con ese apoyo.EFE