El Parlamento de Dinamarca ha aprobado este jueves una ley que permite al país trasladar a solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea, en una reforma que ya ha recibido críticas de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que temen la externalización de una responsabilidad clave.

La ley, respaldada por el Gobierno de Mette Frederiksen, plantea que los migrantes que pidan asilo en Dinamarca puedan ser trasladados a un tercer país mientras se resuelve el procedimiento. Según el diario 'Jyllands Posten', las autoridades danesas ya han contactado con Ruanda, Túnez, Etiopía y Egipto.

El proceso de reubicación no será inmediato dado que se evaluará cada caso de forma individual --el Ministerio de Exteriores estima que se tardará varias semanas desde la presentación de la solicitud de asilo--, pero varias organizaciones, entre ellas el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ya habían expresado sus reticencias antes incluso de la aprobación parlamentaria.

"Transferir los procesos de asilo y la protección de los refugiados a otro país fuera de Europa no es una solución responsable y sostenible", en palabras del responsable de ACNUR para los países nórdicos, Henrik Nordentoft, que cuestionó en un reciente comunicado que se esté cumpliendo el Derecho Internacional.

La secretaria del Consejo Danés para los Refugiados (DRC), Charlotte Slente, también ha incidido tras el voto del Parlamento en que "la idea de externalizar la responsabilidad de procesar las solicitudes de asilo es irresponsable y falto de solidaridad". En este sentido, teme que los nuevos centros terminen asemejándose a otros modelos fallidos como el de Australia o a los 'hotspots' de las islas griegas.

Tanto ACNUR como el DRC temen un efecto dominó ya que, como ha apuntado Slente, Dinamarca estaría enviando "una señal muy problemática" a otros países de la UE y "especialmente a los países más pobres del mundo", donde se encuentran la gran mayoría de los refugiados.