La Mesa del Parlamento catalán ha presentado una denuncia ante Fiscalía en la que pide que se investiguen las insinuaciones del excomisario José Villarejo sobre el supuesto vínculo del CNI con los atentados yihadistas en Barcelona en agosto de 2017.

Una vía legal que, en cambio, ha sido descartada por ahora desde el Govern de la Generalitat, que hoy mismo ha acordado instar al Gobierno central a abrir una comisión de investigación para aclarar estas "gravísimas acusaciones".

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, el gabinete jurídico de la Generalitat estudió el recorrido de una posible acción legal, pero concluyó que Villarejo, como parte de la causa, podría acogerse al derecho de defensa y, por lo tanto, "tendría derecho a poder mentir o no declarar".

Es por ello que el Ejecutivo de Pere Aragonès ha considerado que "la forma más válida, útil y más eficiente" es la vía de reclamar una comisión de investigación a la Moncloa, según Plaja.

En contraposición, desde el Parlament sí se ha optado por acudir a la Fiscalía, como se ha acordado este martes en la reunión de la Mesa, con el respaldo de ERC, JxCat y CUP, pero no así del PSC, que ha argumentado que ya ha habido una comisión de investigación en el Parlament al respecto, según han explicado fuentes parlamentarias.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, anunció la semana pasada que encargaba esta denuncia a los servicios jurídicos de la cámara catalana, después de que Villarejo insinuase que el atentado del 17A fue consecuencia de un "error grave" del exdirector del CNI Félix Sánz Roldán que, según su versión, "calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña".