La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicado que durante el último año y bajo su mandato se han concedido 12 nuevas "licencias de edad" a funcionarios de la cámara que cumplían los requisitos para acogerse a este régimen, que permite cobrar sin ir a trabajar a partir de los 60 años.

La presidenta ha asegurado, en declaraciones a Rac1, que la Mesa acordó este martes "revisar" la situación de estas personas, aunque fuentes republicanas y socialistas consultadas por Efe dudan que se pueda retirar un derecho ya otorgado de forma legal a un trabajador.

Fuentes de la Presidencia del Parlament aducen que la secretaria general, Esther Andreu, no disponía de margen para denegar estas peticiones porque los solicitantes cumplían los requisitos para acceder a este régimen.

Las mismas fuentes destacan que fue Borràs quien impulsó el endurecimiento de los mencionados requisitos que se aprobó el pasado 21 de diciembre, con el objetivo final de acabar con estos privilegios.

Los trabajos para poner fin a este régimen, ha apuntado Borràs, se han acelerado esta semana ante la "alarma social" que ha suscitado la información del diario Ara, que cifra en 1,7 millones de euros el coste anual derivado de estas "licencias de edad", que en abril de 2021 beneficiaban a 21 personas.

No obstante, fuentes de ERC, que coinciden en que desde la secretaría general no se podían frenar estas concesiones, lamentan que Borràs, "siendo conocedora y queriendo revertir estos privilegios", no trasladara la cuestión a la Mesa del Parlament para que el organismo tratara de paralizar su aprobación.