Miembros de Gobiernos y Parlamentos de toda la Unión Europea (UE) gozan de algún grado de aforamiento ante los tribunales, y en algunos de ellos esa protección se refiere exclusivamente a asuntos relacionados con su actividad política y legislativa.

En Francia sólo los miembros del Gobierno tienen un estatus judicial específico y exclusivamente aplicable a las actividades realizadas en el ejercicio de su labor, no en el ámbito privado.

Desde 1993, esos presuntos delitos son juzgados por la Corte de Justicia de la República, formada por tres magistrados del Tribunal Supremo y doce parlamentarios.

Situaciones similares se producen en Holanda, Grecia o Austria, pero otros países como Alemania o Reino Unido otorgan a sus parlamentarios un alto grado de inmunidad, aunque una vez levantada el acusado puede ser juzgado en cualquier instancia local o provincial, y no necesariamente en tribunales superiores.