Ruth del Moral

El pacto fiscal del Gobierno de coalición ha allanado este jueves el camino para continuar con la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado de 2023, que buscan el sello del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

"Seguimos negociando", inciden fuentes del Ejecutivo que señalan que el paquete fiscal ha salido tras intensas horas de negociación, "días duros" y una última noche "casi sin dormir".

Los equipos negociadores de Hacienda, con la ministra María Jesús Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, a la cabeza, han cerrado hoy un paquete de medidas que pretende recaudar 3.144 millones de euros en dos años y que incluye un impuesto nuevo a las grandes fortunas.

El polémico "Impuesto a la solidaridad", que Podemos ha llevado en su programa político desde sus inicios y que los socialistas han decidido aceptar finalmente de forma temporal tras la crisis económica que ha dejado la pandemia y la guerra en Ucrania.

Un impuesto que se une a mayores reducciones en el IRPF para rentas de hasta 21.000 euros y a una subida en el mínimo de tributación a 15.000 euros, así como a un alza en el tramo del IRPF que grava las rentas de capital superiores a 200.000 euros.

Desde principios de esta semana Unidas Podemos y el PSOE veían avances en las negociaciones, aunque desde fuera el escollo más importante parecía estar en el IRPF, sobre todo después de que el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, anunciara que iba a "deflactar" este impuesto y bajar el tramo para las rentas inferiores a 60.000 euros.

Una propuesta de "deflactación" que ha sido el mantra del PP y que ha levantado suspicacias en los socialistas y en Hacienda.

"No nos gustan las competiciones a la baja", llegó a decir el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que fue el primero en anunciar que este jueves se detallaría este bloque fiscal conocido hoy y que además incluye la bajada al 4 % del IVA a los productos de higiene femenina, a los preservativos y a los anticonceptivos no medicinales.

Desde Hacienda también se dejó claro que "deflactar" no era la solución puesto que también afectaba a las rentas más elevadas. Por eso finalmente se han decantado por tocar el IRPF en las deducciones y en las reducciones.

Con esta modalidad Hacienda confía en calmar a los barones socialistas que puedan estar pensando en una nueva "deflactación" y ponen las miradas en los presidentes socialistas de Aragón, Javier Lambán, que insiste en que trabaja en un acuerdo sobre fiscalidad, y en el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha planteado la mayor bajada de tasas de la historia.

La guerra fiscal la inició el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la bonificación total del impuesto de patrimonio.

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Sin embargo, en el entorno de María Jesús Montero se recalca que el nuevo impuesto a las grandes fortunas de más de 3 millones de euros, deducible en el impuesto de patrimonio, no ha sido ninguna respuesta al anuncio de Moreno e insiste que los trabajos "empezaron hace un mes y medio".

"Cuando se empezó a hablar de prolongar las medidas contra las consecuencias de la guerra en Ucrania", señalan fuentes ministeriales que también niegan que el IRPF haya sido un escollo entre Podemos y el PSOE.

El nuevo paso son ya los presupuestos generales del Estado de 2023, que siguen negociando y que estarán "pronto", aunque antes deben tener el sello de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, tal como ocurrió con los de 2022.

"Faltan flecos", inciden desde el ala socialista del Gobierno pese a las amenazas de Unidas Podemos de vincular su aprobación a la nueva Ley de Vivienda, que hoy ha dado un nuevo paso para desencallarse ya que los socialistas han propuesto a la formación morada una nueva vía para impedir los desahucios de familias vulnerables sin necesidad de obligar a los grandes propietarios a ofrecerles un alquiler social.

No obstante, los presupuestos necesitan mayoría parlamentaria para ser aprobados en el Congreso con lo que el Ejecutivo de coalición tendrá que volver a emplearse con sus socios parlamentarios que de momento se quejan de que no conocían las intenciones fiscales anunciadas hoy.