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CASO LEZO

Otros tres consejeros de Gallardón niegan saber detalles de compra de Inassa

Otros tres exconsejeros del Gobierno del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón han dicho hoy ante el juez del caso Lezo que desconocían los detalles sobre la compra de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 pero que votaron a favor de la operación porque creían que todo era legal.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1' Actualizado 15:35

Otros tres exconsejeros del Gobierno del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón han dicho hoy ante el juez del caso Lezo que desconocían los detalles sobre la compra de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 pero que votaron a favor de la operación porque creían que todo era legal.

El juez de la Audiencia Nacional ha tomado hoy declaración como investigados a otros tres miembros del equipo de Gobierno del expresidente regional: Alicia Moreno (Bellas Artes), Pilar Martínez López (Servicios Sociales) y Luis Peral (Trabajo).

Los tres han defendido la misma versión que la mayoría de los exconsejeros que han pasado ante el magistrado y que el propio Gallardón y han asegurado que siempre confiaron en que el proyecto cumplía con la legalidad, según han informado fuentes presentes en la declaración.

Según han dicho, votaron a favor de la compra por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa porque confiaban en los técnicos que habían avalado el proyecto con sus informes y en los consejeros que lo presentaron: el extitular de Medio Ambiente y expresidente del Canal Pedro Calvo, y el de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo.

Han explicado que a la hora de votar desconocían los detalles de la operación y no sabían que el Canal iba a adquirir Inassa a través de una estructura societaria radicada en Panamá.

Es precisamente ese método de compra lo que está en el punto de mira del juez pues, a su juicio, contravino "de plano" los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad. Además, García Castellón sospecha que pudo existir "una sobrevaloración claramente perjudicial" en la operación.

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