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Otro reclamado por Venezuela pide no ser entregado por peligro para su vida

Un hombre reclamado por Venezuela por el expolio a la petrolera PDVSA en la época de Hugo Chávez se ha negado hoy a ser extraditado a su país alegando que su integridad física correría peligro, en vista de la reciente muerte del expresidente de esa compañía detenido allí y el maltrato que sufren otros arrestados.,Luis Mariano Rodríguez Cabello, relacionado con empresas venezolanas que sirvieron -según la justicia del país sudamericano- para cobrar mordidas de PDVSA, ha comp

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 14:06

Un hombre reclamado por Venezuela por el expolio a la petrolera PDVSA en la época de Hugo Chávez se ha negado hoy a ser extraditado a su país alegando que su integridad física correría peligro, en vista de la reciente muerte del expresidente de esa compañía detenido allí y el maltrato que sufren otros arrestados.

Luis Mariano Rodríguez Cabello, relacionado con empresas venezolanas que sirvieron -según la justicia del país sudamericano- para cobrar mordidas de PDVSA, ha comparecido hoy en su vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional, en la que la Fiscalía se ha mostrado a favor de que sea entregado.

La misma postura que mantuvo en el caso de otro venezolano residente en España relacionado con PDVSA, José Ramón Sánchez Rodríguez, respecto a quien la Audiencia Nacional rechazó su extradición por el trato degradante que sufriría allí.

Los dos formarían parte de lo que Venezuela llama el "grupo Salazar", un conjunto de personas relacionadas con el exministro de Energía exiliado Rafael Ramírez y su primo Diego Salazar, detenido hace trece meses en Venezuela.

El abogado de Rodríguez Cabello, Ismael Oliver, ha recordado cómo Salazar está recluido sin ver la luz solar en el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocido como "la tumba" y cómo hace tan solo unas semanas murió el exministro de petróleo y exjefe de PDVSA Nelson Martínez, que estaba detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Ha denunciado además que la petición de extradición de Venezuela es un "relato insinuoso" que no dice nada concreto contra Rodríguez Cabello, más allá de que fuera administrador de empresas venezolanas y cuentas relacionadas con el "grupo Salazar".

"No podemos dar un espectáculo de esta naturaleza cuando hay personas que están muriendo en las cárceles. Personas que conocemos, pero muchas otras que no conocemos", ha concluido Oliver.

En contra, la fiscal ha considerado que los hechos que se le imputan "quedan bastante claros" en la petición de Venezuela: "Pertenecía a una organización criminal que, a través de operaciones económicas complejas, recibía dinero a modo de propinas que era facilitado por empresas, en su mayoría chinas, que querían participar en el mercado del petróleo de Venezuela".

A su juicio, esta sería una persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro a personas vinculadas al de Hugo Chávez "por razones económicas" y no políticas, una situación que no se puede comparar, ha dicho, con la de los opositores perseguidos.

Ha avanzado que si ese maltrato de detenidos en Venezuela es "real", la Fiscalía no manifestaría su consentimiento a la extradición, pero ha añadido que las alegaciones son "de parte" porque se basan en documentos presentados en Venezuela por las defensas de detenidos como Salazar.

A este respecto, el abogado de Rodríguez Cabello le ha recordado que también ha presentado documentos judiciales que muestran cómo Salazar pasó a disposición judicial trece meses después de su arresto y la vista tuvo que ser suspendida por la ausencia de la Fiscalía venezolana, así como la denegación de varias pruebas pedidas al juez de Venezuela.

La extradición de venezolanos es un asunto que mantiene divididos a los jueces de la Audiencia Nacional, ya que mientras algunos han accedido a entregar a la enfermera y al jefe de seguridad del fallecido Chávez, otros se han negado a extraditar a Sánchez Rodríguez.

Todas las decisiones están recurridas por la Fiscalía o las defensas y ahora será el pleno de la Sala de lo Penal el que tendrá que unificar el criterio respecto a estas extradiciones.

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