Partidos políticos opositores, organizaciones de la sociedad civil y personalidades de República Centroafricana (RCA) han reclamado al presidente, Faustin Archange Touaderá, que convoque en un plazo de tres días un proceso de diálogo para abordar la crisis política que atraviesa el país.

Los firmantes han "invitado" al presidente a convocar "sin retrasos" una "concertación nacional" en la capital, Bangui, y han recalcado su "disponibilidad" para "implicarse plenamente" para solucionar la crisis.

"Si en el plazo de tres días la concertación no ha sido convocada, organizaremos actos de desobediencia cívica hasta que se produzca esta convocatoria", han advertido.

Así, la carta hace hincapié en "la degradación continua de la situación de seguridad" en el país y ha destacado que a pocos meses del fin del mandato de Touaderá "más del 80 por ciento del territorio está ocupado por grupos armados, apoyados en su mayoría por mercenarios extranjeros".

"La soberanía nacional está hipotecada, la economía nacional está asfixiada, la esperanza de muchas entidades ha sido pisoteada, el Ejército no puede jugar su papel por un embargo que se renueva cada seis meses mientras el Gobierno es incapaz de satisfacer las condiciones para su retirada", han criticado los firmantes.

Por otra parte, han destacado que la pandemia de coronavirus "ha venido a acentuar las dificultades de gobernanza", al tiempo que han dicho que la respuesta de las autoridades a la misma "no ha convencido", según ha recogido el portal centroafricano de noticias Corbeau News.

Los firmantes han denunciado además la propuesta del Gobierno para modificar la Constitución "con el objetivo de prorrogar de forma unilateral el mandato del presidente y los diputados" y han advertido de que se ha mantenido una convocatoria de elecciones "pese a que los signos muestran claramente que no se pueden celebrar unos comicios libres, transparentes y creíbles de aquí a diciembre de 2020".

En este sentido, han recalcado que el mandatario está actuando "en contra de las disposiciones legales" y han afirmado que el Gobierno "se ha activado para organizar unas elecciones cueste lo que cueste", antes de cargar contra la comisión electoral por su papel en esta situación.

"A pesar de todo lo dicho, lanzamos un último llamamiento patriótico al jefe de Estado para convocar inmediatamente la concertación de fuerzas vivas de la nación para sacar al país de este estancamiento político, que ya ha durado demasiado", han remachado.

LA UPC SE DESMARCA DEL ACUERDO CON EL GOBIERNO

En otro orden de cosas, el grupo rebelde Unión por la Paz en Centroáfrica (UPC) se ha desmarcado del acuerdo anunciado por el Gobierno la semana pasada y ha dicho en un comunicado que su líder, Alí Darassa, lo firmó bajo presiones del primer ministro, Firmin Ngrebeda.

El grupo ha indicado que Darassa había reclamado modificaciones al acuerdo para que contemplaran sus exigencias, si bien el primer ministro amenazó con impedir que abandonara la capital si no estampaba su firma en el documento, algo que finalmente hizo.

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El pacto publicado por el Gobierno contempla la retirada de esta formación de la ciudad de Bambouti, ubicada cerca de Sudán y tomada por la UPC meses después de la firma del acuerdo de paz de febrero de 2019.

Asimismo, implica que el grupo rebelde "no se opondrá al despliegue de la autoridad del Estado y sus componentes" y a cortar sus lazos con el grupo rebelde Retorno, Reconciliación y Rehabilitación (3R), liderado por Abbas Sidiki.

El acuerdo contempla que Darassa se compromete a "crear las condiciones para el lanzamiento de un proceso de desarme y reintegración por parte de la UPC", "evitar actos contra las competencias del Gobierno" y "apoyar el proceso electoral garantizando la libre circulación" de los trabajadores de la comisión electorales y "los diferentes actores".

Por su parte, el Gobierno autorizará el retorno de Darassa a la ciudad de Bambara, de donde fue expulsado en 2017 por las fuerzas de la Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en RCA (MINUSCA) y "reforzar un mecanismo eficaz de comunicación y consultas permanentes" entre el Ejecutivo y los líderes de los grupos desmovilizados, incluida la UPC.

La UPC, firmante del acuerdo de paz de febrero de 2019, lanzó en mayo ataques contra el Ejército en la ciudad de Obo, capital de la prefectura de Haut-Mbomou (sureste), reiniciando las hostilidades y en un intento de expansión por parte del grupo rebelde.

El acuerdo de paz firmado por Touaderá y catorce grupos armados preveía el cese inmediato de las hostilidades, un proceso de desarme y reinserción de los milicianos, además de un Gobierno de unidad ya formado, en el que la UPC cuenta con dos ministros.

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Estas nuevas tensiones en RCA tienen lugar a menos de cinco meses de unas elecciones en las que el presidente buscará lograr un nuevo mandato. El expresidente François Bozizé, que regresó del exilio en diciembre de 2019, confirmó el sábado que concurriría a las urnas para intentar volver al cargo.

Bozizé, quien expresó su respeto al acuerdo de paz firmado en febrero de 2019, lamentó que el mismo es "inoperativo" y argumentó que quedó reducido "a una cáscara vacía" a raíz de los últimos enfrentamientos y las tensiones entre diversos firmantes del pacto.

El expresidente fue derrocado en 2013 por la coalición de grupos rebeldes Séléka --mayoritariamente musulmanes--, en un levantamiento que derivó en un conflicto que la enfrentó con las milicias 'antibalaka' --predominantemente cristianas--.

Bozizé volvió al país de forma clandestina, si bien posteriormente se reunió con Touaderá y aseguró que no busca "fomentar ningún complot para crear problemas" en el país. La Fiscalía advirtió de que podría ser detenido en virtud de una orden de arresto dictada en su contra en 2013 por crímenes contra la Humanidad e incitación al genocidio durante sus diez años en el poder, si bien su arresto no se ha producido.