Naciones Unidas ha verificado un total de 490 fallecidos, 7.793 heridos y 123 desapariciones forzadas, de las cuales 25 todavía están sin resolver, desde el inicio en octubre de 2019 de las protestas en Irak contra las autoridades; un episodio que estuvo a punto de arrastrar al país de nuevo al caos.

Las protestas comenzaron en octubre para exigir la dimisión del Gobierno, la disolución del Parlamento y la reforma del sistema político instaurado tras la invasión estadounidense de 2003. La represión violenta de las protestas exacerbó el conflicto y el primer ministro, Adel Abdel-Mahdi, finalmente dimitió en noviembre.

Ahora el nuevo primer ministro, Mustafa Al Kadhimi, llega al poder después de casi año y medio de parálisis política y se ha comprometido a investigar la violencia de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares no identificados contra los manifestantes, así como a poner en libertad a los activistas encarcelados.

Aunque la ONU ha documentado casi 500 muertos, hay que decir que organizaciones humanitarias iraquíes creen que la cifra es muy superior. En febrero, la Alta Comisión Independiente para los Derechos Humanos de Irak (IHCHR) informó de más de 550 fallecidos, de los cuales trece son miembros de las fuerzas de seguridad. Otras, como el Centro de Documentación de Crímenes de Guerra en Irak, informaron a mediados de mes de 660 muertos.

ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES

En su cuarto informe sobre las protestas, publicado este sábado, la oficina de Derechos Humanos de la Misión de Asistencia de la ONU para Irak, la UNAMI, exige la inmediata asunción de responsabilidades por este balance, que abarca desde el 1 de octubre al 21 de marzo de este año, dado que las protestas han continuado incluso con la declaración de la epidemia de coronavirus en el país.

El informe denuncia una "ausencia total de responsabilidad que sigue contribuyendo a crear un clima de impunidad" en Irak, y considera "un paso crucial" el establecimiento de un comité de alto nivel que se encargue de investigar lo sucedido, en palabras de la representante especial de la Secretaría General de la ONU, Jeanine Hennis-Plasschaert.

Si bien la diplomática ha aplaudido "el compromiso del Gobierno a la hora de atender a los heridos y a indemnizar a las familias de las víctimas", el informe de la ONU recuerda que estos crímenes han ocurrido rodeados de otros múltiples delitos, como asesinatos extrajudiciales, amenazas, intimidación y uso excesivo de la fuerza.

Aunque ninguno de los entrevistados por la ONU ha podido proporcionar información sobre la identidad de los secuestradores, muchos de ellos han especulado con milicias o "actores armados con acceso a recursos y con altos niveles de organización". Los entrevistados no sospechan de las fuerzas de seguridad iraquíes, en este sentido.

Por último, el informe recomienda a las autoridades iraquíes que cumplan con sus obligaciones para con el derecho Internacional y encuentren inmediatamente a los, al menos, 25 desaparecidos que faltan, protejan a los activistas, persigan a los responsables e identifiquen públicamente a estas milicias tras los secuestros.