La UE amenaza con "sanciones adicionales" por la muerte de un manifestante tras un altercado en Minsk

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado de nuevo su "profunda preocupación" por la situación desatada en Bielorrusia tras las controvertidas elecciones del 9 de agosto y ha lamentado que el Gobierno de Alexander Lukashenko siga utilizando "la maquinaria del Estado" para violar derechos y libertades básicas.

Los comicios de agosto, en los que Lukashenko obtuvo un nuevo mandato, derivaron en una ola masiva de protestas que se toparon "frecuentemente" con un "uso innecesario o excesivo de la fuerza" por parte de las autoridades, según el portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville.

Lejos de calmarse, la tensión continúa y, con ella, "las detenciones arbitrarias masivas". La oficina que dirige Michelle Bachelet estima que más de 25.000 personas han sido arrestadas desde el inicio de las movilizaciones en la jornada previa a las elecciones y ha pedido la liberación "inmediata" y la retirada de cargos contra quienes se han limitado a manifestarse pacíficamente.

Estos detenidos se enfrentan en la mayoría de los casos a cargos administrativos que pueden mantenerles hasta 15 días entre rejas, pero las autoridades "están comenzando a aumentar los cargos penales". El 1 de noviembre, 231 personas fueron detenidas y acusadas de participar en actividades contra el orden público, susceptibles de ser castigadas con hasta tres años de cárcel.

La ONU también ha expresado su temor por los supuestos casos de tortura bajo custodia y ha apuntado que unas 60 víctimas de abusos que habían recibido ayuda de una ONG han sufrido la congelación de sus cuentas bancarias por orden de las autoridades.

"El Gobierno bielorruso no ha ofrecido hasta el momento ninguna información relativa al proceso o el resultado de las investigaciones sobre las acusaciones de tortura y otros malos tratos contra manifestantes, tanto durante los arrestos como bajo detención", ha lamentado Colville.

Ya en agosto, la oficina de Bachelet planteó su preocupación por la falta de pesquisas y "los últimos acontecimientos solo refuerzan la sensación de impunidad" que existe en la antigua república soviética. El Alto Comisionado ha reclamado investigaciones "completas, independientes e imparciales" y ha recordado la "absoluta prohibición" de utilizar tácticas de tortura.

Las autoridades bielorrusas habrían ampliado en las últimas semanas el alcance de la represión. Al menos 57 trabajadores médicos fueron detenidos durante una manifestación el 7 de noviembre, mientras que desde el 26 de octubre al menos 127 estudiantes han sido expulsados de sus cursos por sumarse a medidas de presión como la huelga general convocada por la oposición.

EL CASO DE BONDARENKO

Uno de los casos que más controversia ha generado en estos últimos días es el de Roman Bondarenko, un hombre de 31 años que perdió al vida el jueves. Bondarenko fue atacado por un grupo de personas con el rostro cubierto el miércoles en Minsk y trasladado a una comisaría antes que a un hospital, donde se confirmó que tenía graves daños cerebrales.

Las autoridades han prometido examinar el caso, pero ya han negado que quienes atacaron a Bondarenko y su grupo formasen parte de las fuerzas de seguridad. La oficina de Derechos Humanos ha pedido una investigación y que, si se confirma la comisión de un delito, los responsables rindan cuentas ante la Justicia.

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Por parte de la Unión Europea, la oficina del Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, se ha sumado a la condena por la muerte de Bandarenko, que Bruselas ha descrito como "el atroz y vergonzoso resultado de las acciones de las autoridades bielorrusas", que no solo habrían ejercido "directamente" actividades represivas sino "creado un entorno" que da pie a este tipo de acciones violentas.

La UE se sitúa del lado de "los bielorrusos que han sufrido y siguen sufriendo a manos de las autoridades bielorrusas" desde las "falsificadas" elecciones y deja la puerta abierta a nuevas medidas. El bloque ha impuesto castigos contra 55 personas por violaciones de los Derechos Humanos, entre ellas el propio Lukashenko, y "está listo para imponer sanciones adicionales".

"Esperamos que terminen la violencia y la persecución, liberen de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, entre ellas los presos políticos, e investiguen de manera completa y transparente todas las violaciones y abusos de los Derechos Humanos", ha reclamado la oficina de Borrell.