La organización de consumidores Facua Consumidores en Acción considera que la decisión del Tribunal Supremo de que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca es una "absoluta aberración" y denuncia que el alto tribunal le hace "un gran favor a los banqueros".

"La decisión del Supremo nos parece una absoluta aberración", ha dicho a EFE el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien ha añadido que "no nos sorprende en absoluto, ya que era una de las posibilidades que barajábamos con mayor nivel de probabilidad".

Sánchez aseguró que con esta decisión el Tribunal Supremo "le hace un grandísimo favor a los banqueros".

Para Facua, el Supremo ha actuado "de la misma manera" que en el caso de las cláusula suelo.

"Se ha tomado una decisión que nos parece sencillamente política, impropia del poder judicial, una decisión que supone salvar a la banca de abonar miles de millones de euros. Además de lo aberrante que es rectificar una sentencia del propio Tribunal Supremo que era absolutamente clara, que no dejaba lugar a dudas y no tenía resquicios en cuanto a la posible interpretación", ha destacado Sánchez.

El Tribunal Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen. 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díaz Picazo, por su "gestión pésima" del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que califica de "bochornosa".

Así lo ha dicho enrique García, portavoz del Organismo, después de conocer que el Tribunal Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de AJD vinculados a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen. 

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho que "hay que respetar" las resoluciones judiciales. En los pasillos del Senado, una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo, Valerio se ha referido muy brevemente al criterio establecido por el alto tribunal respecto al impuesto hipotecario, simplemente para recordar la obligación de respetarla.

Tras dos días de deliberaciones, el pleno de la sala de lo contencioso administrativo ha decidido, por 15 votos contra 13, rechazar los recursos planteados y recuperar la doctrina anterior de octubre, de modo que sea el hipotecado el que asuma la tasa.