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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Ocho presidentes piden otro modelo de financiación con criterio demográfico

Ocho presidentes autonómicos han firmado en la denominada cumbre de Santiago sobre financiación autonómica un documento, con 35 puntos, en el que reclaman otro modelo que subsane las deficiencias del actual sistema de reparto entre los distintos territorios y que sea fruto de un consenso multilateral en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:35

Ocho presidentes autonómicos han firmado en la denominada cumbre de Santiago sobre financiación autonómica un documento, con 35 puntos, en el que reclaman otro modelo que subsane las deficiencias del actual sistema de reparto entre los distintos territorios y que sea fruto de un consenso multilateral en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Son dos de las principales posiciones plasmadas en una declaración institucional en la que los firmantes trasladan la necesidad de que España acometa, de manera pronta, el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.

La cumbre de Santiago ha reunido este martes en el parador de los Reyes Católicos a los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla; y a los socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias).

En la declaración institucional, los ocho participantes ponen de relieve la trascendencia de este debate ya que afecta a la principal vía de ingresos de las comunidades, y por ello reivindican que el nuevo sistema solo pueda ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el cual se tengan en cuenta las posiciones de todas las administraciones afectadas.

Y, por tanto, las decisiones relativas a la financiación ordinaria -suscriben- han de quedar al margen de los "legítimos espacios bilaterales" entre el Gobierno y cada comunidad autónoma.

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