La Generalitat de Cataluña ha iniciado un expediente informativo a Playmobil debido a que sus cajas no están etiquetadas en catalán. La empresa, cuya sede central se encuentra en Onil, podría enfrentarse a una multa de hasta 100.000 euros, ya que el gobierno autonómico considera que la ley catalana de consumo especifica la obligación de emplear el catalana, aunque la empresa continúa defendiendo que no tiene porque guiarse por esa legislación.

La apertura del expediente se produce por una denuncia presentada por la “Plataforma per la Llengua”, y también ha afectado a otra empresa de juguetes como es Lego, al considerar que tampoco aplica está ley de consumo.

Según la denuncia, la ley 22/2010 del código de consumo de Cataluña obliga, mediante el artículo 128-1, a que una serie de productos, entre los cuáles están estos tipos de juguetes, que deben tener los datos obligatorios y de instrucciones en catalán.

Desde Playmobil, una de las empresas afectadas, han comunicado que no van a etiquetar sus productos en catalán y que esta ley no les afecta, señalando que: “el legislador catalán puede regular que esta documentación sea también en catalán cuando estos productos son destinados, de forma exclusiva, a ser vendidos en Cataluña. Pero en este caso la comercialización también se produce en otras comunidades autónomas”.

Por su parte la plataforma sigue debatiendo estos argumentos y señalan que el Constitucional “ha dicho todo lo contrario” en una de sus sentencias, y que por este motivo estas dos empresas deberán recibir una sanción comprendida entre los 10.001 y los 100.000 euros.

Por lo que el debate se centra en lo que pasa a la hora de exportar los productos fuera de Cataluña. En este sentido no estarían obligados a etiquetar los productos en catalán, si se van a vender en otras comunidades autónomas o países. Pero si el producto se va a vender en Cataluña la cosa cambia. Y hay que reconocer que no existe una legislación clara que regule este hecho denunciado.