El juez ha propuesto juzgar al excomisario José Villarejo, a su socio Rafael Redondo, a los mandos policiales Constancio Riaño, Enrique García Castaño y Antonio Bonilla, y a otras dos personas, por un informe sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano con relación a una disputa económica que mantenía con una mujer que fue la que encargó a Villarejo la investigación.

Por estos hechos también estaba imputado el que fuera número 2 de la Policía, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que la semana pasada le procesó por la operación Kitchen, ha acordado finalmente el archivo de esta causa para él.

"De las diligencias practicadas no se extrae ni su participación ni su conocimiento de los hechos investigados", asegura el magistrado.

Asimismo han quedado fuera del procedimiento otros tres policías imputados: Juan José Díaz Álvarez, José Maria Serrano Ydígoras y Juan Carlos Escribano Cárcel.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el cuarto que dicta en los últimos días en el llamado caso Tándem, el magistrado concluye la instrucción de la pieza 8 y considera que existen indicios para juzgar por delito de cohecho pasivo a Villarejo, Redondo y el abogado David Macías -los tres ya procesados en otras piezas-.

También para sentar en el banquillo a Marzena Katarzina -la mujer que reclamaba a Zotano una cantidad económica- por cohecho activo, así como a Riaño, García Castaño, Bonilla (en segunda actividad en el momento de los hechos) y Redondo, por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El juez explica que Marzena Katarzina entró en contacto con el bufete Stuart&MCkenzie de Villarejo en el verano de 2015 para iniciar una estrategia conjunta de tipo civil y penal frente a Zotano con el objeto de que este le restituyese las cantidades que ella le había entregado a cuenta de una relación inmobiliaria entre ambos.

Con posterioridad, el Grupo Cenyt, empresa del comisario jubilado, elaboró un informe prejudicial, patrimonial y un análisis documental del empresario en el que se examinaba su persona, su entorno familiar, sus colaboradores y personas cercanas, su trayectoria profesional, su patrimonio, su entramado societario y su situación financiera y se apuntaban, dice el juez, "indicios de la existencia de fraude fiscal y blanqueo de bienes en su actuación".

Para la confección de este informe, continúa el escrito, se acudió a bases de datos y a registros que no son accesibles al público y a los que pudo entrar por la intervención de los responsables policiales investigados.

Todo ello, dice el juez, sin que existiera ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de datos y siendo aún Villarejo comisario en activo.

Dicho informe prejudicial fue presentado por Marzena Katarzina en las causas judiciales que tuvo contra el empresario.

La solicitud de acceso a los datos de Gómez Zotano la dio, "de modo informal y sin seguir ningún protocolo al efecto, Enrique García Castaño, jefe de la UCAO y Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía".

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"Una vez que se obtuvieron los datos personales de Felipe Gómez, Constancio Riaño Prieto, Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la Comisaría General de Información en la fecha de los hechos, siguiendo las instrucciones de Enrique García Castaño, remitió por correo electrónico a Antonio Bonilla Martínez, el mismo 18 de agosto de 2015, un correo que contenía el informe de actividad", relata el juez.

En relación con la investigación del delito de extorsión, el magistrado lo descarta toda vez que no se aprecia ningún acto de violencia ni de intimidación para que el empresario realizase u omitiese un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

Apunta, además, que el encargo de Marzena Katarzina se produjo en el verano de 2015, "de ahí que no quepa conectar ningún hecho anterior al año 2015 al Grupo CENYT" con relación a los delitos contra el patrimonio sufridos por el empresario.