El Parlamento Vasco ha aceptado hoy tramitar la modificación de la denominada Ley de abusos policiales, aprobada en 2016 pero que ha estado parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional y que ahora introduce cambios para dejar claro que no invade competencias judiciales a la hora de reparar a las víctimas.

PNV y PSE, partidos que sustentan el Gobierno Vasco, han llevado al pleno de la Cámara la toma en consideración de la proposición de ley que modifica varios de los artículos de la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999.

El anterior Gobierno de Mariano Rajoy recurrió ante el Constitucional varios artículos porque, entre otros razonamientos, argumentaba que la comisión de valoración que crea la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de abusos policiales, no podía entrar a valorar casos de este tipo porque es una labor que compete a los jueces.

Pero el pasado 23 de julio el gobierno de la nación y el vasco llegaron a un acuerdo mediante el cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra varios de los artículos a cambio de introducir modificaciones en la norma que aclararan que su objetivo no es buscar responsabilidades sino resarcir asistencialmente a los afectados.

Y hoy la Cámara ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley que modifica la norma, que ahora entra en el trámite de enmiendas, gracias al apoyo de los grupos proponentes, PNV y PSE, y de Elkarrekin Podemos. EH Bildu se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

Este debate además se ha producido un día después de que sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y de víctimas del terrorismo se concentraran en Bilbao para denunciar que la norma pretende "blanquear" a las víctimas de ETA y para recalcar que solo corresponde a un juez decidir quién es víctima.

Entre los cambios introducidos en la proposición de ley figura la modificación del artículo 2 de la norma que incluye una referencia a que la acreditación de los hechos ilícitos "no podrá desconocer en modo alguno lo ya resuelto por la jurisdicción penal".

En definitiva, con estos cambios se pretende dejar claro que el objetivo de la norma es reconocer y reparar a estas víctimas dentro de un ámbito administrativo diferenciado de la vía penal.

El único grupo que ha votado en contra es el PP. El parlamentario Carmelo Barrio ha opinado que pese a la reforma la ley "carece de acomodo constitucional", presenta graves deficiencias ya que no zanja que se actúe al margen del Poder Judicial y además se utiliza para "el descrédito" de las Fuerzas de Seguridad.